Prisión para seis ejecutivos de inmobiliaria

Prisión para seis ejecutivos de inmobiliaria

Los supuestos perjudicados de la inmobiliaria se aglutinaron en la puerta de la Policía Judicial de Pichincha (PJ-P). Llegaron con pancartas y esperaban que comience la audiencia de formulación de cargos en contra de los seis ejecutivos de esa compañía, quienes el jueves fueron detenidos en Sangolquí. “Estafados por la inmobiliaria”, “Prisión preventiva en el caso de la inmobiliaria”, rezaban los carteles, y los manifestantes gritaban que les devolvieran el dinero. “Nos enteramos de esto por los noticieros. Viajamos desde Píllaro (Tungurahua), porque mi madre, de la tercera edad, les entregó USD 20 000 para comprarse una vivienda. Ella incluso vendió la casa que tenía para adquirir otra”, relató Silvana Hinojosa. La audiencia de formulación de cargos comenzó a las 11:20. Cerca de 50 personas, que afirmaron ser afectadas, trataron de ingresar al salón de audiencias de la PJ-P. Ante la excesiva cantidad de gente que se agrupó allí, el juez XXI de lo Penal, Santiago Coba, suspendió la diligencia hasta que se tranquilizaran. Diez minutos después esta se reinstaló. Los sospechosos Julio D., presidente de la compañía; Patricia N, gerenta; Pamela N., gerenta accionista; Diego P., contador; Miguel P., jefe financiero y Ana R., captadora de clientes, se sentaron frente al juez para la diligencia. Sus rostros denotaban preocupación. El fiscal de Sangolquí que maneja el caso, Carlos Borja, acusó a los seis inculpados de presunta estafa masiva en la comercialización de viviendas. “La empresa se constituyó con un capital de USD 400. Su misión es la promoción y desarrollo del sector inmobiliario. Utilizaba publicidad engañosa en los medios de comunicación con ofertas de casas”, dijo. Mientras el funcionario argumentaba la investigación, las personas que estaban en la audiencia comentaban lo que ocurría en voz baja. En cambio, el presidente de la inmobiliaria, Julio D., revisaba documentos con su abogado. Borja señaló durante su intervención, que 63 denuncias de supuestas estafas se registraron en la Fiscalía del cantón Rumiñahui. Él añadió que se desconoce la cantidad de casos que se receptaron en Quito y en el valle de Cumbayá. También citó las publicaciones de los medios de comunicación de las Islas Canarias (España). En la página web del diario Canarias 7 se indica que el español Julio D. y su pareja, la ecuatoriana Patricia N., son investigados por un supuesto fraude que ascendería a USD 300 millones de euros. El periódico argumenta que ellos habrían utilizado una empresa con otro nombre. Frente a esas acusaciones, la defensa de Julio D. y Patricia N. señaló que se cometió un atropello en contra de la inmobiliaria. A su juicio, el problema se debe al odio de ex empleados de la compañía que trabajaron allí y el caso se convirtió en alarma social. Enfatizó que no hubo lavado de activos. Si en el operativo de allanamiento intervinieron agentes de la Unidad de Lavado de Activos (ULA) de la Policía, ¿se podría presumir que se trata de un caso de lavado de dinero? Un agente de esta unidad no lo descartó. “Posiblemente, por los rubros que hay en España. Si se establece que esos dineros han ingresado al Ecuador habría lavado o que el dinero salió del país a las Islas Canarias, también”, enfatizó el uniformado. Y agregó que ese tema se dilucidará con el transcurso de las investigaciones. De su lado, el abogado del Jefe Financiero de la compañía señaló que su defendido no es propietario de la inmobiliaria y que no se ha comprobado que él haya recibido dinero de la compañía. “Solo fue empleado y nada más”. Al final de la diligencia, el juzgado XXI de Garantías Penales de Pichincha dictó orden de prisión preventiva para los seis detenidos por el presunto delito de estafa. Al escuchar la resolución, las personas que estuvieron en la sala de audiencias aplaudieron al juez. En cambio, Patricia N. comenzó a llorar y Julio D. la consolaba con besos en la frente. Las personas que dicen ser afectadas por la inmobiliaria informaron que tienen previsto crear una página web en la que publicarán documentos y sus denuncias sobre este caso. La incursión policial En la Unidad de Lavado de Activos de la Policía (ULA) se informó que el operativo de allanamiento se adelantó debido a la gran cantidad de denuncias registradas. “Se lo hizo por temor a que (los propietarios) salgan del país con el dinero”. En la audiencia se informó que en el operativo intervinieron uniformados de fuerzas especiales de la Policía. Otro grupo de personas que afirmaron ser perjudicadas por la empresa viajó desde Tungurahua para conocer el caso.

 fuente: el comericio

Los supuestos perjudicados de la inmobiliaria se aglutinaron en la puerta de la Policía Judicial de Pichincha (PJ-P). Llegaron con pancartas y esperaban que comience la audiencia de formulación de cargos en contra de los seis ejecutivos de esa compañía, quienes el jueves fueron detenidos en Sangolquí. “Estafados por la inmobiliaria”, “Prisión preventiva en el caso de la inmobiliaria”, rezaban los carteles, y los manifestantes gritaban que les devolvieran el dinero. “Nos enteramos de esto por los noticieros. Viajamos desde Píllaro (Tungurahua), porque mi madre, de la tercera edad, les entregó USD 20 000 para comprarse una vivienda. Ella incluso vendió la casa que tenía para adquirir otra”, relató Silvana Hinojosa. La audiencia de formulación de cargos comenzó a las 11:20. Cerca de 50 personas, que afirmaron ser afectadas, trataron de ingresar al salón de audiencias de la PJ-P. Ante la excesiva cantidad de gente que se agrupó allí, el juez XXI de lo Penal, Santiago Coba, suspendió la diligencia hasta que se tranquilizaran. Diez minutos después esta se reinstaló. Los sospechosos Julio D., presidente de la compañía; Patricia N, gerenta; Pamela N., gerenta accionista; Diego P., contador; Miguel P., jefe financiero y Ana R., captadora de clientes, se sentaron frente al juez para la diligencia. Sus rostros denotaban preocupación. El fiscal de Sangolquí que maneja el caso, Carlos Borja, acusó a los seis inculpados de presunta estafa masiva en la comercialización de viviendas. “La empresa se constituyó con un capital de USD 400. Su misión es la promoción y desarrollo del sector inmobiliario. Utilizaba publicidad engañosa en los medios de comunicación con ofertas de casas”, dijo. Mientras el funcionario argumentaba la investigación, las personas que estaban en la audiencia comentaban lo que ocurría en voz baja. En cambio, el presidente de la inmobiliaria, Julio D., revisaba documentos con su abogado. Borja señaló durante su intervención, que 63 denuncias de supuestas estafas se registraron en la Fiscalía del cantón Rumiñahui. Él añadió que se desconoce la cantidad de casos que se receptaron en Quito y en el valle de Cumbayá. También citó las publicaciones de los medios de comunicación de las Islas Canarias (España). En la página web del diario Canarias 7 se indica que el español Julio D. y su pareja, la ecuatoriana Patricia N., son investigados por un supuesto fraude que ascendería a USD 300 millones de euros. El periódico argumenta que ellos habrían utilizado una empresa con otro nombre. Frente a esas acusaciones, la defensa de Julio D. y Patricia N. señaló que se cometió un atropello en contra de la inmobiliaria. A su juicio, el problema se debe al odio de ex empleados de la compañía que trabajaron allí y el caso se convirtió en alarma social. Enfatizó que no hubo lavado de activos. Si en el operativo de allanamiento intervinieron agentes de la Unidad de Lavado de Activos (ULA) de la Policía, ¿se podría presumir que se trata de un caso de lavado de dinero? Un agente de esta unidad no lo descartó. “Posiblemente, por los rubros que hay en España. Si se establece que esos dineros han ingresado al Ecuador habría lavado o que el dinero salió del país a las Islas Canarias, también”, enfatizó el uniformado. Y agregó que ese tema se dilucidará con el transcurso de las investigaciones. De su lado, el abogado del Jefe Financiero de la compañía señaló que su defendido no es propietario de la inmobiliaria y que no se ha comprobado que él haya recibido dinero de la compañía. “Solo fue empleado y nada más”. Al final de la diligencia, el juzgado XXI de Garantías Penales de Pichincha dictó orden de prisión preventiva para los seis detenidos por el presunto delito de estafa. Al escuchar la resolución, las personas que estuvieron en la sala de audiencias aplaudieron al juez. En cambio, Patricia N. comenzó a llorar y Julio D. la consolaba con besos en la frente. Las personas que dicen ser afectadas por la inmobiliaria informaron que tienen previsto crear una página web en la que publicarán documentos y sus denuncias sobre este caso. La incursión policial En la Unidad de Lavado de Activos de la Policía (ULA) se informó que el operativo de allanamiento se adelantó debido a la gran cantidad de denuncias registradas. “Se lo hizo por temor a que (los propietarios) salgan del país con el dinero”. En la audiencia se informó que en el operativo intervinieron uniformados de fuerzas especiales de la Policía. Otro grupo de personas que afirmaron ser perjudicadas por la empresa viajó desde Tungurahua para conocer el caso.

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