En investigación un supuesto lavado de dinero en el presunto fraude inmobiliario del Grupo 10

El fraude inmobiliario, en el que 200 personas, aproximadamente, han sido perjudicadas, aún se mantiene como una estafa masiva, indica Gustavo Iturralde, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).  En la Superintendencia de Compañías, el Grupo 10 Estrellas constaba con una empresa legal.

La compañía funcionaba, en el país, desde hace un año y cuatro meses. Sus operaciones se realizaban en Quito, Cumbayá y Sangolquí. El modus operandi era vender una misma casa a varias personas.

La UAF espera que el Banco Pichincha les entregue un Reporte de las Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) para determinar la tipificación del caso. “A partir de esa información vamos a hacer el análisis para determinar la existencia de un posible delito de lavado de activos”. Esta información será entregada a la Fiscalía para que sea parte del expediente de la indagación previa, que han iniciado.

El funcionario expresó, además, que según un análisis de las cuentas de los detenidos, no hay un ingreso fuerte por parte de ellos al sistema bancario. Tampoco aparece una salida de dinero al exterior. El grupo también tenía vínculos con el Banco Wachovia, en EE.UU.

“Tengo la sospecha de que es un contrabando físico de dinero; es decir una entrada y salida clandestina de capital”. Esta duda se sostiene en que el volumen de dinero que el grupo estaba manejando y la cantidad de dinero con que han estafado, “debería estar en el Sistema Bancario, pero no está hasta este momento”. Pero esto lo definiría el documento que emita la entidad bancaria.

Al comprobarse, adicionalmente al delito de estafa se sumaría el delito de lavado de dinero. Este caso, indica el director de la UAF, se deriva del caso Marbella de España. Las cabezas del grupo eran el español Julio Díaz, Patricia Anato (esposa) y el contador era Víctor Páez. El representante tiene antecedentes en España.

Por otra parte, Iturralde indica que la Superintendencia de Compañías se encuentra en un proceso de depuración de todas las compañías que están registras en la entidad. De esta forma se evita que haya empresas de pantalla que sirven para lavar dinero.

Además sostiene que” el Banco Pichincha maneja el 70% de las operaciones bancarias del Ecuador. Por esta razón es más proclive para ser utilizado para cualquier actividad ilegal”, por lo que se le ha pedido a la entidad financiera que use dos políticas: la primera es "Conozca a su cliente", que consiste en no abir cuentas a cualquiera, y "Debida Diligencia", en la que se debe tener cuidado al analizar cada caso.

fuente: andes.info

Grupo 10 habría captado $2 millones

Denuncia de estafa Unas 200 familias han sido perjudicadas en una supuesta estafa cometida por una inmobiliaria por valores individuales de entre $5 000 y $190 mil, en un perjuicio total que alcanzaría $2 millones.

Un grupo de delegados de los perjudicados presentó ayer ese cuadro al fiscal Galo Chiriboga junto a un documento con firmas de respaldo, cinco días después del operativo de allanamiento de las oficinas del Grupo 10 o Inmobiliaria Inmodiez Estrellas Cia. Ltda. en Sangolquí, en el cual fueron detenidas seis personas, entre ellas, el ciudadano español Julio Diez, supuesto dueño.

Fausto Valle, director de Investigaciones, informó sobre las acciones emprendidas en el caso, en particular el operativo conjunto con la Policía Judicial, la detención de los seis posibles responsables y la incautación de seis vehículos, equipos informáticos y $10 mil en efectivo.

La Fiscalía ha determinado que los procesados captaban dineros de los interesados en reservar y adquirir inmuebles, para lo cual firmaban contratos con adelantos por un mínimo de $5 000 sin posibilidad de reclamar la devolución de no concretarse la negociación.

Mariana Velásquez contó que, en su caso, entregó $50 mil por la compra de una vivienda de $90 mil, pero sospecha que el inmueble se vendió también a otra persona. Hay testimonios que señalan que uno de los inmuebles fue vendido hasta cinco veces.

Por todo ello, la Fiscalía ha pedido varias medidas cautelares para los imputados, como prohibición de salida del país y congelamiento de las cuentas. (LB)

Fuente: hoy

“La Fiscalía nos tiene que ayudar”

Al tratarse de un delito de prisión, los supuestos estafadores podrían salir libres bajo fianza.

 

Varias historias de desesperación e indignación continúan saliendo a la luz en torno a la supuesta estafa millonaria de la inmobiliaria Grupo 10 estrellas. Graciela Morales es una de las tantas afectadas. Con su oficio de maestra en Sucumbíos, cada fin de semana venía hasta la capital para realizar los trámites de lo que aparentemente sería un sueño hecho realidad.
Ella se enteró del Grupo 10 estrellas mediante un clasificado de prensa y fue entonces cuando comenzó el trámite para obtener una casa en el sector de Guamaní. Unos cuantos ahorros, el dinero de un terreno, una platita de su hijo y hasta un préstamo con el chulco fueron algunas de las cosas que a esta inocente mujer le tocó hacer para conseguir los más de veinte mil dólares para cancelar parte del costo del inmueble.
La semana pasada, lo que hasta ese momento parecía el negocio perfecto, llegó a su fin. Graciela se enteró por un canal de televisión que la inmobiliaria a la que le había entregado su esperanza y por supuesto su dinero resultó ser una estafa.
“Ahora no sé quién me va a devolver mi plata y tengo deudas que pagar, la Fiscalía nos tiene que ayudar”, expresó la perjudicada mientras intentaba contener el llanto.
Casi con la misma ira e incertidumbre más de sesenta personas llegaron ayer hasta las oficinas de la Fiscalía General del Estado para solicitar firmeza y rapidez en esta investigación. Alejandro Fuentes, asistente del Fiscal General, fue el encargado de atenderlos.
El funcionario escuchó varias de las peticiones de las personas, entre estas que se investigue también a las entidades bancarias y a la Superintendencia de Bancos, pues estas también deberían verificar las operaciones que las empresas realizan. Fianza

Darwin Trujillo, abogado de algunas de las víctimas, explicó que por la astucia de los implicados se teme que al tratarse de un delito de prisión, ellos opten por cancelar una fianza y salir libres. Es por esto que solicitó que la Fiscalía se mantenga al tanto de este caso que ha causado conmoción social.
Frente a la petición, los asistentes de Chiriboga explicaron que será el juez que lleva la causa el encargado de decidir. “Lo correcto tendría que ser que el juez fije una fianza que si estas personas salen del país  tengan recursos para devolver a las personas”, dijo Alejandro Fuentes.

Amenazas

“Carlos”, también víctima de la supuesta estafa, explicó que un día después de que la Policía apresara a los sospechosos recibió una llamada telefónica anónima. Según él, era la voz de un sujeto que con insultos y amenazas le advirtió que dejara la denuncia de lado y desistiera del proceso legal. “Es importante que esto se sepa, pues mi vida corre peligro”, dijo el hombre. Manifestó que entre los afectados no es el único que ha recibido este tipo de llamadas. Sin embargo, nada podrá parar su petición de justicia y sobre todo de que se les devuelva su dinero.

fuente: extra

 

Acusado de estafa masiva podría acceder a fianza

Los representantes de al menos 200 perjudicados por la empresa “Grupo 10 Estrellas” pidieron ayer a la Fiscalía General del Estado velar para que los implicados en este caso no recuperen la libertad

 

 

Los perjudicados por la estafa masiva -atribuida  a la empresa inmobiliaria “Grupo 10 Estrellas”-  llegaron ayer  hasta la Fiscalía General del Estado  para exponer su preocupación  en relación al proceso judicial que se sigue  en este caso. 

Eran cerca de las 08:00 cuando  realizaron la entrega  formal de una carta firmada por  los afectados frente a la posibilidad de que el juez imponga  una  fianza para que el dueño de la empresa, Julio Diez, quede en libertad. 

Alejandro Fuentes, asesor legal de la Fiscalía, indicó que al ser la estafa un delito de prisión y no reclusión mayor, dentro de las leyes  hay  la posibilidad de una fianza.

Sin embargo, mencionó que por ser un delito de acción pública y haber causado conmoción en la sociedad, la Fiscalía estará pendiente para  tratar de evitar que cualquier resolución   pueda provocar la fuga del país del principal implicado.

Humberto Zapata, uno de  los afectados,  mostró su indignación al contar que   antes de entregar los  10.000 dólares para  reservar una casa, decidió investigar si la inmobiliaria presentaba alguna irregularidad.

Primero  se acercó a la Superintendencia de Compañías para asegurarse de la legalidad de la empresa. Ahí, según Zapata, le dijeron que la inmobiliaria tenía todos los papeles en regla y  no había ninguna anomalía.  Para eliminar cualquier  duda,  se acercó a la agencia del  Banco   Pichincha, entidad bancaria  en la que  todos  debían  realizar sus depósitos, y ahí le reiteraron  que todo estaba en orden con el  “Grupo 10 Estrellas”.

Fuentes indicó que  si una empresa tiene los papeles en regla, es difícil     que haya un posible daño o estafa a las personas.

“Se manejan estándares y garantías de funcionamiento, pero la Superintendencia  de Compañías no hace investigaciones a nivel internacional de empresas o empresarios. Sin una demanda o queja presentada es difícil darse cuenta”, dijo.

Otra de las quejas provino de Edwin Porras, quien pidió se investigue y sancione a un fiscal del cantón Rumiñahui.
Dijo que ese funcionario  se habría  negado a dar trámite a las denuncias  de estafa, presentadas hace ocho meses por varias personas.  “Si ese fiscal  hubiera actuado bajo ley, no estuviéramos tantos afectados aquí”,  indicó Porras.

Otras personas también hicieron públicos los nombres de empleados de la inmobiliaria,   según algunos perjudicados, que eran quienes   ejercían presión  sobre los interesados en las viviendas    para que hagan los depósitos   rápidos.

De esa manera pidieron  que   Shirley  Díaz, del Departamento Financiero, y Marco Naranjo, captador de dinero, sean vinculados al proceso.

Fabián Castillo, secretario de la directiva de afectados, manifestó  que los 200 perjudicados depositaron su confianza en una  compañía, que les mintió. “Muchos vendimos nuestros   bienes con el afán de comprar una propiedad, ahora necesitamos  sentirnos amparados en nuestro Gobierno”, resaltó.

Raúl Garcés, también asesor de la Fiscalía, indicó que después de la audiencia de formulación de cargos   sigue la indagación previa, que es de 90 días, en la cual se deberá recopilar   la información necesaria: evidencias,  testimonios de empleados y perjudicados.

Posteriormente se procederá   a  la instrucción fiscal para así  determinar el grado de responsabilidad de   los involucrados.

Representantes de la Fiscalía  explicaron que ante un mal negocio o hecho de estafa particular,  el Estado debe propiciar posibles soluciones. Sin embargo,   no puede asumir directamente la compensación económica de los afectados.

fuente: telegrafo