“Grupo 10 Estrellas”, “Quick Inmobiliaria” e “inmobiliaria Bella María” son investigadas
Decenas de personas perjudicadas por compañías que ofrecían cumplir el sueño de tener casa propia reclaman la devolución de su dinero.
A un cuarto prestado, de 30 metros de diámetro, se redujo el sueño de
Graciela Morales por tener casa propia. Trata de contener las lágrimas y
se sienta en la cama para observar, con impotencia, a su alrededor: la
cocina, el televisor, un juego de comedor, el clóset y un velador -sobre
el cual se levanta la balanza de la justicia- están colocados uno junto
al otro debido a la estrechez.
Ella es una de las 200 personas perjudicadas por la inmobiliaria “Grupo 10 Estrellas”, cuyo fraude se conoció el 29 de febrero pasado y en el cual se estima que las pérdidas bordean los 3 millones de dólares.
Ella es una de las 200 personas perjudicadas por la inmobiliaria “Grupo 10 Estrellas”, cuyo fraude se conoció el 29 de febrero pasado y en el cual se estima que las pérdidas bordean los 3 millones de dólares.
Una y otra vez, Graciela revisa los documentos, como para demostrarse
a sí misma que tenía “todo en regla”. Toma de la carpeta el acta de
reserva del inmueble, seis recibos de depósito que suman 22 mil dólares y
un acta de compra y venta de su casa nueva, ubicada en el barrio El
Beaterio, al sur de Quito, que sería entregada en agosto de 2011. Pero
no fue así.
Su odisea empezó en junio del año pasado cuando vio en la prensa un
aviso de la inmobiliaria ofertando viviendas que se ajustaban a su
presupuesto y eligió una de 73 mil dólares, con tres departamentos y
todos los servicios, como siempre había soñado.
Pero no fue sino tras entregar el dinero que supo que la casa tenía
dos impedimentos de venta: por Patrimonio Familiar y por obras en el
Distrito, obstáculos que la inmobiliaria se comprometió a resolver, pero
los días transcurrían y cada vez había un nuevo pretexto para demorar
la entrega.
En septiembre pasado, la inmobiliaria le pidió completar la suma de
45 mil dólares para concretar la venta y en un acto desesperado, la
mujer de 45 años decidió vender un terreno en el sector de Quitumbe (sur
de Quito), cuyo costo comercial bordeaba los 20 mil dólares.
La misma inmobiliaria halló un comprador y el inmueble fue vendido en
19 mil dólares, de los cuales, Graciela apenas recibió 14 mil porque la
compañía adujo gastos por comisión y gestión administrativa.
Pese a ello, empezó a tramitar el crédito hipotecario con el Banco
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) para cubrir el
costo total de la vivienda, un procedimiento que la inmobiliaria también
le ofreció realizar, pero ante la demora decidió visitar a la dueña de
la vivienda para hallar una respuesta: “A mí no me han entregado ni un
centavo. Y si usted no tiene toda la plata en efectivo no le vendo la
casa”. Ese fue el anuncio de que las cosas acabarían mal.
Inmediatamente acudió a la inmobiliaria para exigir una explicación,
pero el trato ya era diferente: “Señora, si usted viene molesta no la
vamos a recibir”, le dijeron varias veces y luego se rehusaban a
atenderla. Entonces exigió la devolución de su dinero y empezaron las
amenazas: “Si usted se retracta y desiste del negocio, pierde todo”.
Frente a esto, pidió la asesoría de un abogado que la alertó sobre la
posible estafa y le recomendó concretar rápido el negocio porque esa
compañía “podría quebrar”, y no se equivocó. Ella se enteró de la
noticia por televisión. “No estoy derrotada, solo defraudada”, asegura,
mientras toma su maleta y se despide de su hija. Ahora solo espera que
las autoridades investiguen, pero sabe que la posibilidad de recuperar
su dinero es mínima.
Igual pensamiento tienen ahora algunos perjudicados que hace un año
decidieron presentar una demanda en contra de Patricia Fernanda Nato
Cruz, quien es la copropietaria de la inmobiliaria “Grupo 10 Estrellas”.
Según la página del Consejo de la Judicatura (CJ), los esposos Javier
Mauricio Acurio y Giomara Elizabeth Lozada Ortega presentaron dos
denuncias por una supuesta estafa inmobiliaria. Una el 24 de mayo del
2011, ante el Juzgado Décimo de lo Civil de Pichincha, basados en la Ley
Orgánica de Defensa del Consumidor. Se hizo el requerimiento de la
imputada, sin embargo no se presentó y el proceso no concluye.
Nato es declarada en rebeldía
La otra demanda pasó a manos del Juzgado Cuarto de Contravenciones,
liderado por la jueza Gladis Alicia Angos Villarreal, quien dispuso
que se notifique a la acusada en su domicilio por tres ocasiones y en
ninguna acudió, por lo que fue juzgada y declarada en rebeldía. A ella
se le ordenó devolver los 5 mil dólares a los demandantes, un pago que
hasta ahora no se ha concretado.
Según la denuncia, la inmobiliaria incumplió con el contrato de
reserva de una propiedad ubicada en el sector Colibrí, pues el inmueble
nunca fue entregado tras concluir la fase de reserva.
Otra denuncia la presentó Jonny Garay, el 23 de septiembre del 2011,
en la cual se involucra a Julio Diez, propietario de la compañía y hoy
detenido para investigaciones.
Según consta en el proceso, los demandados suscribieron un contrato
de reserva de un inmueble hipotecado, por 7 mil dólares, sin la
autorización de los propietarios de la vivienda.
En similares circunstancias han sido timadas decenas de personas que
depositaron su confianza en otras inmobiliarias. Según estadísticas
de la Fiscalía General del Estado, las denuncias de estafa y otras
defraudaciones llegaron a 1.416 el año pasado.
Un caso más es el de Verónica Cabezas, quien desde hace ocho meses
trata de recuperar los 4 mil dólares que entregó a “Quick Inmobiliaria”
para comprar un terreno en Cashapamba, en el Valle de los Chillos.
El anuncio lo vio en la prensa y se puso en contacto con la
“Inmobiliaria El Valle”, en la que la recibió Doris Yánez Rodríguez que
se identificó como la intermediaria.
Como el terreno costaba 32 mil dólares, Verónica debía entregar mil
dólares para reservarlo y en un mes cancelar 3 mil dólares más para
cubrir la cuota inicial.
Luego fijaron la fecha para la firma de las escrituras. El día de la
cita, Yánez le informó que la propietaria del terreno estaba fuera del
país y que el trámite se postergaría, pero horas más tarde la misma
dueña del inmueble la llamó para confirmar que la esperaba y tras una
breve conversación le informó que no había recibido ni un centavo de la
inmobiliaria.
Desde ese día, Yánez se cambió de domicilio y solo la vio en una
ocasión cuando la mujer se presentó en el trabajo de Verónica para
entregarle un cheque posfechado de 2 mil dólares que nunca se hizo
efectivo.
La última vez que supo de ella fue en noviembre, cuando le indicó que viajaría a Estados Unidos para recuperar el dinero.
En la Fiscalía de Pichincha reposan siete denuncias en contra de
Yánez, desde 2004, por delitos como abuso de confianza, estafa,
anticipación de arrendamiento y terminación de contratos, pero no se ha
presentado a ninguna de las citaciones. En el compromiso de compra y
venta, la firma de Yánez no coincide con la de su cédula de identidad,
en la que se señala que es corredora de Bolsa y que está casada con
Gustavo Hernández Naranjo, contra quien también pesan dos denuncias por
mora y dos de inquilinato.
Verónica presentó la denuncia en la Fiscalía de Pichincha y en la
Defensoría del Pueblo, inclusive notificó a las autoridades de la
Embajada americana sobre la situación legal de Yánez, pero hasta ahora
no ha logrado recuperar su dinero.
