Decenas de personas perjudicadas por la inmobiliaria Grupo 10 se acercaron ayer a la Fiscalía del cantón Rumiñahui para expresar su preocupación por una resolución judicial emitida en la mañana.
La jueza (e) del Juzgado Decimonoveno de lo Penal de Rumiñahui, Germania Tapia, sostuvo que no encontraba cargos en contra de los acusados por supuesta estafa, en una de las más de 120 denuncias presentadas contra seis representantes de la firma de bienes raíces. Tapia tampoco dictó medidas sustitutivas a la prisión, lo cual desembocó en una discusión en el tribunal. El fiscal a cargo del caso, Carlos Borja, calificó como una ‘falta grave’ las decisiones tomadas por la Jueza. Él sostuvo que “el perjuicio que el Grupo 10 ha causado a cientos de personas hace que se califique (a los procesados) como individuos de alta peligrosidad y se los debe mantener detenidos”. Este incidente causó un roce entre el Fiscal y la Jueza, al término de la audiencia de formulación de cargos.
Una de las perjudicadas, que prefirió no dar su nombre, pidió justicia. Según Borja, “es preocupante que las personas acusadas al final de la audiencia aplaudan por la resolución tomada y se acerquen a felicitar a Tapia, ya que eso demuestra un vínculo”. Geovanny Ordóñez, uno de los abogados de los acreedores, afirmó que si se deja libre a los acusados “el caso se tornaría complejo de resolver, sobre todo porque se debe recuperar el dinero”.
En la Fiscalía, Danilo, quien entregó USD 5 000 a la inmobiliaria para adquirir una vivienda valorada en USD 49 000, estaba molesto e incrédulo. “Cómo esto puede ser favorable para ellos”. La tarde de ayer, Borja recibió la notificación del movimiento de su cargo a otra dependencia. Esa noticia incrementó inquietud entre los perjudicados.
fuente: el comercio
