El fraude inmobiliario, en el que 200 personas, aproximadamente, han sido perjudicadas, aún se mantiene como una estafa masiva, indica Gustavo Iturralde, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). En la Superintendencia de Compañías, el Grupo 10 Estrellas constaba con una empresa legal.
La compañía funcionaba, en el país, desde hace un año y cuatro meses.
Sus operaciones se realizaban en Quito, Cumbayá y Sangolquí. El modus
operandi era vender una misma casa a varias personas.
La UAF espera que el Banco Pichincha les entregue un Reporte de las
Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) para determinar la
tipificación del caso. “A partir de esa información vamos a hacer el
análisis para determinar la existencia de un posible delito de lavado de
activos”. Esta información será entregada a la Fiscalía para que sea
parte del expediente de la indagación previa, que han iniciado.
El funcionario expresó, además, que según un análisis de las cuentas
de los detenidos, no hay un ingreso fuerte por parte de ellos al sistema
bancario. Tampoco aparece una salida de dinero al exterior. El grupo
también tenía vínculos con el Banco Wachovia, en EE.UU.
“Tengo la sospecha de que es un contrabando físico de dinero; es
decir una entrada y salida clandestina de capital”. Esta duda se
sostiene en que el volumen de dinero que el grupo estaba manejando y la
cantidad de dinero con que han estafado, “debería estar en el Sistema
Bancario, pero no está hasta este momento”. Pero esto lo definiría el
documento que emita la entidad bancaria.
Al comprobarse, adicionalmente al delito de estafa se sumaría el
delito de lavado de dinero. Este caso, indica el director de la UAF, se
deriva del caso Marbella de España. Las cabezas del grupo eran el
español Julio Díaz, Patricia Anato (esposa) y el contador era Víctor
Páez. El representante tiene antecedentes en España.
Por otra parte, Iturralde indica que la Superintendencia de Compañías
se encuentra en un proceso de depuración de todas las compañías que
están registras en la entidad. De esta forma se evita que haya empresas
de pantalla que sirven para lavar dinero.
Además sostiene que” el Banco Pichincha maneja el 70% de las
operaciones bancarias del Ecuador. Por esta razón es más proclive para
ser utilizado para cualquier actividad ilegal”, por lo que se le ha
pedido a la entidad financiera que use dos políticas: la primera es
"Conozca a su cliente", que consiste en no abir cuentas a cualquiera, y
"Debida Diligencia", en la que se debe tener cuidado al analizar cada
caso.
fuente: andes.info
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