Una inmobiliaria es investigada por posibles vínculos con lavado

 Viernes 02/03/2012

Los agentes vestían trajes de camuflaje gris, chalecos antibalas y cascos. Golpearon con una pesa la puerta de una oficina en el valle de Los Chillos cuando se escuchó el llanto de una mujer. Un ejecutivo abrió la puerta y pidió que no destrozaran el lugar. En minutos, una decena de agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y la Fiscalía irrumpieron en la casa. Afuera, un grupo de clientes gritaba “Fuimos estafados”. Se referían a la inmobiliaria (comercializadora de viviendas), allanada ayer en una investigación de la Unidad de Lavado de Activos (ULA) policial. El operativo se realizó a las 09:00 de ayer en Sangolquí. Los agentes de la ULA informaron a este Diario que la empresa era investigada desde septiembre del 2011. “Se reportaron denuncias de personas que afirmaron ser perjudicadas en la Fiscalía de Rumiñahui y Quito. Por eso decidimos intervenir hoy”, reseñó uno de los agentes, en el operativo. El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), en su último Informe de evaluación mutua sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Ecuador, advirtió que los agentes inmobiliarios son vulnerables al lavado de dinero porque no existe un monitoreo apropiado en el país. Ese documento, fechado el 15 de diciembre, al cual este Diario tuvo acceso, cuestiona la falta de controles de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). El Gafisud precisa: “Las actividades y profesiones no financieras designadas (agentes inmobiliarios, venta, comercialización de piedras preciosas, etc. ), con excepción de los casinos, no forman parte del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”. El reporte del Gafisud muestra que, hasta mayo del 2011, 11 115 agentes inmobiliariosfueron registrados a escala nacional. No obstante, “el sistema de prevención (de lavado) se debilita porque un bajo porcentaje de las entidades ejecuta los sistemas de prevención que exige la UAF”. Las investigaciones de la Policía Nacional determinaron que la promotora inmobiliaria supuestamente se dedicaba a comercializar las viviendas a varias personas. “El dinero (de las ventas) era depositado en una cuenta bancaria a nombre de la compañía”, informó la Unidad de Lavado. Al final del operativo, el propietario de la empresa inmobiliaria, el español Julio D., y cinco ejecutivos más fueron detenidos para las investigaciones. En la ULA se informó que el sospechoso también era investigado en las Islas canarias (España) por el mismo delito. Los uniformados citaron las notas de prensa de ese país europeo. En la página web del diario Canarias 7 se informó el 12 de octubre del 2010 que “dos años después de se destapara la mayor estafa inmobiliaria de la historia de Canarias, los afectados no han recuperado un sólo euro de un fraude que ascendió a 3 millones”. Ese diario añade que el perjuicio fue cometido a 300 personas en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Tras la detención de los inculpados, las personas que afirmaron ser perjudicadas por la inmobiliaria solo esperan que les devuelvan el dinero que entregaron para la adquisición de una vivienda. “Los afectados son de Pichincha, pero tenemos conocimiento que abrieron una oficina en Ambato, la cual no cuajó. el número de afectados ascendería a más de 500 en el país”, señaló un agente. La ULA descarta que el dinero que habría gastado la inmobiliaria en el país provenga del narcotráfico. No obstante, indaga si se cometió el delito de lavado de dinero. “Eso depende de varios factores. Si logramos detectar que la inmobiliaria trajo dinero de España para gastarlo en Ecuador luego de las denuncias que se registraron allá, estaríamos hablando de que se cometió el delito de lavado de activo”, dijo uno de los policías. La Policía informó que los aprehendidos tienen prohibición de salir del Ecuador y sus cuentas bancarias fueron congeladas. El operativo La incursión comenzó a las 09:00 de ayer en Sangolquí. En esta intervinieron agentes de la Unidad de Lavado de Activos (ULA), Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y la Fiscalía. La Policía Nacional también informó que el operativo se efectuó también en otras dos oficinas de la inmobiliaria: en Cumbayá y en el norte de Quito. El propietario de la empresa, Julio D., fue abordado por las autoridades cerca de las 11:00. Los agentes conversaron los ejecutivos mientras los empleados se encontraban en los patios de la sede de la empresa. La ULA informó que la audiencia de formulación de cargos se realizará hoy.

Fuente: el comercio

Viernes 02/03/2012 Los agentes vestían trajes de camuflaje gris, chalecos antibalas y cascos. Golpearon con una pesa la puerta de una oficina en el valle de Los Chillos cuando se escuchó el llanto de una mujer. Un ejecutivo abrió la puerta y pidió que no destrozaran el lugar. En minutos, una decena de agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y la Fiscalía irrumpieron en la casa. Afuera, un grupo de clientes gritaba “Fuimos estafados”. Se referían a la inmobiliaria (comercializadora de viviendas), allanada ayer en una investigación de la Unidad de Lavado de Activos (ULA) policial. El operativo se realizó a las 09:00 de ayer en Sangolquí. Los agentes de la ULA informaron a este Diario que la empresa era investigada desde septiembre del 2011. “Se reportaron denuncias de personas que afirmaron ser perjudicadas en la Fiscalía de Rumiñahui y Quito. Por eso decidimos intervenir hoy”, reseñó uno de los agentes, en el operativo. El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), en su último Informe de evaluación mutua sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Ecuador, advirtió que los agentes inmobiliarios son vulnerables al lavado de dinero porque no existe un monitoreo apropiado en el país. Ese documento, fechado el 15 de diciembre, al cual este Diario tuvo acceso, cuestiona la falta de controles de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). El Gafisud precisa: “Las actividades y profesiones no financieras designadas (agentes inmobiliarios, venta, comercialización de piedras preciosas, etc. ), con excepción de los casinos, no forman parte del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”. El reporte del Gafisud muestra que, hasta mayo del 2011, 11 115 agentes inmobiliariosfueron registrados a escala nacional. No obstante, “el sistema de prevención (de lavado) se debilita porque un bajo porcentaje de las entidades ejecuta los sistemas de prevención que exige la UAF”. Las investigaciones de la Policía Nacional determinaron que la promotora inmobiliaria supuestamente se dedicaba a comercializar las viviendas a varias personas. “El dinero (de las ventas) era depositado en una cuenta bancaria a nombre de la compañía”, informó la Unidad de Lavado. Al final del operativo, el propietario de la empresa inmobiliaria, el español Julio D., y cinco ejecutivos más fueron detenidos para las investigaciones. En la ULA se informó que el sospechoso también era investigado en las Islas canarias (España) por el mismo delito. Los uniformados citaron las notas de prensa de ese país europeo. En la página web del diario Canarias 7 se informó el 12 de octubre del 2010 que “dos años después de se destapara la mayor estafa inmobiliaria de la historia de Canarias, los afectados no han recuperado un sólo euro de un fraude que ascendió a 3 millones”. Ese diario añade que el perjuicio fue cometido a 300 personas en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Tras la detención de los inculpados, las personas que afirmaron ser perjudicadas por la inmobiliaria solo esperan que les devuelvan el dinero que entregaron para la adquisición de una vivienda. “Los afectados son de Pichincha, pero tenemos conocimiento que abrieron una oficina en Ambato, la cual no cuajó. el número de afectados ascendería a más de 500 en el país”, señaló un agente. La ULA descarta que el dinero que habría gastado la inmobiliaria en el país provenga del narcotráfico. No obstante, indaga si se cometió el delito de lavado de dinero. “Eso depende de varios factores. Si logramos detectar que la inmobiliaria trajo dinero de España para gastarlo en Ecuador luego de las denuncias que se registraron allá, estaríamos hablando de que se cometió el delito de lavado de activo”, dijo uno de los policías. La Policía informó que los aprehendidos tienen prohibición de salir del Ecuador y sus cuentas bancarias fueron congeladas. El operativo La incursión comenzó a las 09:00 de ayer en Sangolquí. En esta intervinieron agentes de la Unidad de Lavado de Activos (ULA), Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y la Fiscalía. La Policía Nacional también informó que el operativo se efectuó también en otras dos oficinas de la inmobiliaria: en Cumbayá y en el norte de Quito. El propietario de la empresa, Julio D., fue abordado por las autoridades cerca de las 11:00. Los agentes conversaron los ejecutivos mientras los empleados se encontraban en los patios de la sede de la empresa. La ULA informó que la audiencia de formulación de cargos se realizará hoy.