Silvina, Irene, Humberto, Darwin, Graciela, Roberto son algunos de los nombres que figuran en un cuaderno de más de 15 hojas con una lista de cerca de 300 personas que denunciaron haber sido perjudicadas por la Inmobiliaria Grupo Diez Estrellas (Inmodiez). Ninguno se conocía entre sí, pero todos estaban unidos por el mismo sueño: conseguir una casa propia que les dé comodidad.
Eran las 16:50 del martes 6 de marzo pasado, en la Plaza Grande, centro de Quito, cuando se habían reunido poco más de 40 personas que dicen haber sido estafadas por Inmodiez. La idea era pedir cita con el presidente Rafael Correa para contarle el “calvario que viven”.
En medio del tumulto, una mujer alta, de contextura gruesa, con una cara de curiosidad, trata de escuchar lo que un hombre canoso explica sobre la situación legal de los afectados. Su rostro revela que no ha dormido bien y un temblor en su mano izquierda –en la que lleva una cartera llena de documentos– evidencia la ansiedad por saber qué mismo pasa.
Ella dice llamarse Silvina Jaime, de 41 años, y cuenta que desde el pasado 2 de marzo todo se transformó en llanto y preocupaciones al saber que podía perder $ 35 mil, los cuales invirtió para adquirir un terreno en Conocoto, en el sureste.
Silvina frota sus manos y frunce el ceño cuando recuerda con dolor el origen de ese dinero entregado a Inmodiez. “Mi hijo murió hace poco en un accidente de tránsito en Calacalí (norte de Quito). El seguro me entregó $ 40 mil. La mitad era para la educación de su hermano menor y la otra para conseguir una casa cómoda para su padre que sufre de epilepsia”.
En medio del sonido de pitos y tubos de escape de buses, Silvina escucha un grito que pide que los afectados se acerquen a dar sus datos. Ella corre con pesadez y hace fila. En ese sitio, mientras estira su cuello para escuchar lo que informa la mujer que está adelante suyo, relata que el 12 de enero pasado, justo a dos meses de haberse registrado la muerte de su hijo, depositó el efectivo en una cuenta del Banco Pichincha a nombre de Inmodiez; y solo tres días antes de que la Policía allanara el local principal del grupo inmobiliario, en el sector de Sangolquí (40 minutos al sureste de Quito), estuvo a punto de entregar $ 6 mil más.
“Esa gente me embaucó al ofrecerme que iban a gestionar un crédito hipotecario de hasta 15 años. Con los $ 35 mil cubría el 60% de la deuda que llegaba a los $ 69.900. Ellos me dijeron que el trámite estaba en seis bancos, pero ahora sé que no se movió nada”, dice Silvina.
Irene Cabezas, otra de las afectadas, confirma la versión. Ella dice que al principio les decían que la casa o el terreno que se negociaba sería entregado en tres meses, pero los vendedores poco a poco le daban largas al asunto. “Yo pasé buen tiempo exigiendo que me den respuesta a los $ 10 mil que entregué para un terreno en Mushuñan (Sangolquí), pero esta gente me daba evasivas. Ahí me recordaron que si me retiraba del negocio yo había firmado un contrato en el que se estipulaba que el castigo por eso era la no devolución del enganche”, narra.
Entre los afectados, los casos que se comentaban eran distintos y entre ellos se escandalizaban de lo que escuchaban. Unos hablaban de depósitos de $ 30 mil y $ 50 mil, días antes de que se cerrara para investigaciones a Inmodiez, otros –en cambio– conversan de que desde hace seis meses no les devuelven ni su dinero ni les dan la casa; por último hay quienes entregaron escrituras de su propiedad para que la inmobiliaria la venda y no veían ni el dinero ni los documentos de su bien.
Dentro de la investigación fiscal se busca definir el delito de estafa masiva. En la delegación del cantón Rumiñahui del Ministerio Público no se entregan muchos detalles, porque está en etapa de indagación previa.
Datos preliminares revelan que Inmodiez es una empresa que tiene una constitución legal, pero que los procedimientos usados para las negociaciones están plagados de irregularidades. Entre ellas estaría hacerse cargo de la compra y venta de bienes con cláusulas abusivas que imponían sanciones económicas a los negociantes y no a la empresa mediadora.
Aparentemente, la inmobiliaria recibía bienes para ser vendidos bajo una comisión de cerca del 5% y esta a su vez los promocionaba. Cuando había interesados, Inmodiez ponía en marcha todo su aparataje para conseguir que el cliente escoja una casa o un terreno, para luego llegar a lo más importante del negocio: la entrega del dinero para separar el inmueble.
La cuota de reserva podía variar de acuerdo al costo final del bien. Hay casos que la gente entregó desde $ 500 a $ 20 mil y hasta $ 50 mil, dinero que podía perderse si se retiraba del negocio. Hay denuncias de que los vendedores de Inmodiez, una vez confirmado que hubo el depósito de reserva, empezaban a dar largas al cliente y a buscar que se retire la gente. “Ellos jamás entregaron un dinero dado. La táctica era cansar al cliente para quedarse con el dinero vía penalización”, dice un perjudicado que protege su nombre.
Desde la Fiscalía se sostiene que lo fundamental en esta estafa era que Inmodiez no permitía que entren en contacto el comprador y el propietario. De esta forma, cuenta un agente, la inmobiliaria pudo negociar un terreno, una casa o un departamento hasta tres y cuatro veces sin que el dueño conozca y sin que el comprador se entere.
“Hoy en día la gente se está enterando que dos y tres personas dieron el dinero de reserva por el mismo bien. Incluso hay quienes recibieron grandes cantidades dinero y les ofrecieron tramitar un crédito bancario a sabiendas de que por su avanzada edad o situación legal era imposible que les den préstamo hipotecario”, manifiesta un agente de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía.
Aparentemente abogados de los detenidos: Julio Diez Merino, Miguel Eduardo Pérez Acuña, Mónica Daniela Nato Cruz, Patricia Fernanda Nato Cruz, Diego Iván Patiño Molina y Ana Beatriz Rosero ofrecen devolver el dinero a cambio de que se retiren las denuncias. No existe una propuesta en firme, pero se sabe que poseen $ 300 mil, 14 autos e inversiones en constructoras y proyectos habitacionales. Poseerían $ 1 millón, pero la Fiscalía indica que la deuda es de $ 2 millones.
Silvina al igual que Irene quieren que les devuelvan en efectivo su dinero y que castiguen a quienes se aprovecharon de su sueño de una vivienda propia para engañarlos. Así cada tarde vuelven a casa a tratar de explicar lo sucedido. Podrán descansar y recobrar su anhelo cuando les devuelvan todo.
“Desde hace una semana mi trabajo es gritar y protestar para que me devuelvan lo mío. La primera pregunta que me hace mi hijo es si tendremos casa. Le contesto que pronto, que espere un poquito”, dice Silvina antes de marcharse de la Plaza.
Cifra: Sobre el caso
400
Dólares era el capital con el que Inmodiez comenzó sus actividades en el Ecuador, lo hizo en el 2010. La empresa asumía el título de mandatario de los bienes entregados en las negociaciones, pero no definía quién comparecía representando legalmente a la compañía, indican los denunciantes y los agentes que están realizando la investigación en Sangolquí.
fuente: el universo
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