Acuerdo de Grupo 10 sin aval

Sábado 19/05/2012

El juez XIX de lo Penal de Pichincha, Hernán Alvear, negó ayer el acuerdo reparatorio para devolver el dinero a los acreedores del Grupo 10. Hay polémica entre autoridades, los abogados de la empresa y los perjudicados para que se cierre la entrega de USD 1,15 millones.

Según la Fiscalía, en contra de la inmobiliaria existen cerca de 120 denuncias por presunta estafa desde finales de marzo pasado cuando se cerraron las oficinas.

Alvear argumentó que para llegar a un acuerdo las partes involucradas deberán manejar el caso bajo las normas de derecho. Es decir, presentar avalúos de los bienes con los que se van a pagar a los afectados, certificados del Registro de la Propiedad y un acuerdo de compraventa previo.

El vicepresidente del Comité de Perjudicados, Freddy Castillo, dijo que “se están poniendo trabas para que nosotros recuperemos nuestro dinero”. También agregó que el acuerdo puede ser modificado y se deben establecer fechas para la devolución del dinero. Por su parte, el fiscal que maneja el caso, Carlos Borja, negó que exista una intromisión de la Fiscalía para negar el acuerdo de devolución del dinero. A su juicio, lo único que interfiere es que “ se solicitan las garantías que exige la Ley para firmar un acuerdo”. 

fuente: el comercio

Caso: “Inmodiez Estrellas” Juez niega pedido de acuerdo reparatorio

Quito, 18 de mayo de 2012. (Red Fiscalía).-

Hernán Alvear Pesántez, juez décimo noveno de lo Penal de Rumiñahui, negó el pedido de acuerdo reparatorio, planteado por la defensa de los procesados de la empresa Inmodiez Estrellas Cía. Ltda.

En audiencia realizada este viernes 18 de mayo del 2012, el Juez manifestó que “el pedido va en contra de la autonomía del sistema judicial, porque el juez no actúa bajo condicionamientos”.

Además, señaló que de concretarse un acuerdo entre las partes, debe hacerse bajo estrictas normas de derecho”.

Carlos Borja Coloma, fiscal que lleva más de 70  causas,  de las 150 denuncias presentadas en la Fiscalía del cantón Rumiñahui, se opuso a este pedido de la defensa.

Argumentó que no se ha tomado en cuenta a todos los perjudicados por estafa, delito por el cual son procesados los empresarios y empleados de Inmodiez Estrellas Cía. Ltda.

Hasta el momento, dijo Borja, las entidades bancarias no han certificado los dineros en las cuentas a nombre de Inmodiez; así como los bienes inmuebles tampoco están a nombre de los procesados, ni de la empresa.

Según Borja nadie garantiza a los perjudicados, que se les devuelva el dinero que invirtieron al momento de iniciar las negociaciones de compra-venta de bienes inmuebles con Inmodiez Estrellas Cía. Ltda.

“La Fiscalía no se opone a que sean resarcidos los dineros invertidos, solo exige que se garanticen las devoluciones, pero de una manera legal y sin perjuicios a terceros”, aclaró el Fiscal.

Diez Merino y cinco procesados más, llevan tres juicios penales hasta el momento por el delito de estafa, estipulado en el Art. 563 del Código Penal, y permanecen con prisión preventiva.

Los procesados son: Ana Beatriz Rosero Yasig; Diego Iván Patiño Molina; Mónica Daniela Nato Cruz; Julio Diez Merino, de nacionalidad española; Patricia Fernanda Nato Cruz; y, Miguel Eduardo Pérez Acuña. Comunicación Social. Rcl.

fuente: ficalia general 

Incidentes en audiencia por estafa contra el Grupo 10

Martes 03/04/2012

Dos policías y tres guías penitenciarios no fueron suficientes para contener a las decenas de afectados que ayer concurrieron a la audiencia de formulación de cargos contra la inmobiliaria Grupo 10, en Rumiñahui.

Tierra, agua, botellas de plástico, carteles y hasta puntapiés recibieron ayer los investigados, a la salida del edificio C.CTinara, en el valle de Los Chillos, donde se encuentra el Juzgado XIX de lo Penal de Pichincha. Los perjudicados reclamaban de la inmobiliaria Grupo 10 la devolución del dinero entregado para la compra de bienes inmuebles.

El 1 de marzo, Julio D., titular de esta firma, y cinco de sus colaboradores fueron detenidos por la Unidad de Lavado de Activos (ULA). La investigación estableció una posible estafa.

Ayer, Julio D. recibió la segunda orden de prisión preventiva desde su captura. Tras 150 minutos de audiencia, la jueza (encargada) XIX de Pichincha, Germania Tapia acogió la prisión preventiva que solicitó el fiscal Hugo Almachi, encargado del caso. Según ella, existen indicios que ponen en evidencia “el cometimiento de un delito”.

Los abogados de los investigados, según Tapia, no demostraron pruebas suficientes que mantengan a los detenidos en el país. Por eso no aceptó el pedido de medidas sustitutivas para ellos, ni tampoco el arresto domiciliario pedido para Julio D. Él es uno de los principales procesados y tiene 64 años (está cerca de llegar a la tercera edad).

Al salir del salón, Julio D., de origen español, fue alcanzado por los perjudicados. Cuando descendía por las escaleras, el inculpado cayó cuatro veces al suelo, entre empujones, golpes y puntapiés. Los guías penitenciarios lo condujeron hasta un vehículo y lo trasladaron de regreso a la Cárcel 3, donde está preso.

Los otros cinco procesados salieron por el mismo lugar. El Ministerio de Justicia informó que registraban golpes y heridas menores. Uno de ellos, no identificado, tiene una luxación que no es de mayor afectación para ser hospitalizado y continuaba hasta el cierre de esta edición en prisión. Dos indagados se protegieron con las manos para no recibir los golpes en el rostro. Tres mujeres recibieron manotazos en el rostro, extremidades y cabeza.

La Fiscalía indaga

Hasta el 16 de marzo,  la Fiscalía Segunda de Rumiñahui había recibido  150 denuncias por supuesta estafa, de personas que invirtieron en el consorcio inmobiliario Grupo 10.
Esa dependencia  tiene previsto recoger testimonios de las dos partes, en cada una de las denuncias formuladas.

fuente: el comercio

Caso Grupo 10 estrellas sigue con el mismo fiscal

2012/04/03

 

Con carteles y globos en mano, decenas de personas  perjudicadas por la supuesta millonaria estafa de la inmobiliaria Inmodiez (Grupo 10 estrellas) se reunieron la mañana de ayer en la Fiscalía General del Estado para solicitar rigurosidad en la investigación.

La decisión de acudir a la Fiscalía la tomaron luego de que el día viernes Carlos Borja, fiscal que lleva la causa, fuera notificado de su traslado a la comisaría “Las tres Manuelas”, y se nombrara a un nuevo encargado.

En la diligencia un asesor de Galo Chiriboga, fiscal general, aseguró que la Fiscalía pondrá sus ojos sobre la investigación, y aclaró que será Borja quien continúe a cargo de la investigación.

Por otro lado, en Sangolquí, donde a la misma hora se inició una nueva audiencia de formulación de cargos sobre el mismo caso, la jueza Germania Tapia, quien el viernes fue catalogada por Carlos Borja como “ignorante” por no haber aplicado ninguna medida preventiva contra los seis implicados en el primer proceso, manifestó sentirse molesta por las declaraciones de Borja y aseguró que su decisión se fundamentó en que  el fiscal comentó durante la audiencia que “el caso no había causado perjuicio económico”

Tapia aseguró que las críticas de Borja dañan su buen nombre y su reputación como profesional.  (AA)

fuente: extra

Tras la pista de los estafadores en el país

Modalidades de robo Se hacen pasar por militares, entregan cheques falsos, venden faltos boletos de lotería ya jugados o cobran tres veces por una misma casa. Así operan varios estafadores Promesas envueltas en palabras ingeniosas son una característica de los estafadores de profesión. ""Con solo la entrada de $3 000 se le entregará un auto cero kilómetros en 30 días", así me convenció" asegura Daysi Fernández, una de los siete perjudicados de una presunta estafa en Quito. A Francisco Javier A, de 28 años, de piel morena, ojos cafés y de aspecto amable, se le reclama la devolución de $22 mil, producto de ventas ficticias de autos. Francisco fue detenido el pasado martes, después de que sus clientes lo denunciaran en la Policía de Pichincha. Tras la audiencia, el juez ordenó prisión preventiva de 90 días. Mientras, en Manabí, los días en que ganaba el premio mayor de la lotería terminaron para Santos Herrera, alias "el Flaco" cuando ingresó a la lista de los Más Buscados de esa provincia. Con su fotografía circulando por las ciudades, la gente le cambió el apodo por "el Cuentero". En varias ciudades de Manabí, Herrera se dedicaba a estafar a los transeúntes con boletos de lotería ya jugados. Santos aseguraba a sus víctimas que se había sacado el premio mayor, pero no conocía la agencia para cambiar el premio. La incauta persona, tras haberle dado sumas de hasta $10 mil, acudía a cambiar el boleto, pero se enteraba de que ese premio ya se jugó y que el boleto es falso. Por las decenas de denuncias en su contra presentadas en Guayas, Manabí y Los Ríos, se los busca para que paguen por los delitos cometidos. Una recompensa de hasta $10 mil ofrece la Policía por información que permita arrestar a Luis Guambaña, otro más buscado en Azuay. Guambaña promete llevar a Estados Unidos a cambio de $12 mil. A sus víctimas las convence de que tienen muchos contactos y que sin problema, luego de un par de semanas, estarán en su destino. Pero a mitad de camino los abandona. El hombre, de un 1,68 metros de altura, también tiene cuentas por tráfico de migrantes. De igual forma, Jorge Jiménez, es otro "Más buscado" en Azuay por estafa migratoria. Desde 1985 tiene siete procesos abiertos en su contra por estafa y uno en 1999 por falsificación de firmas, escrituras y documentos públicos. Julio Diez no está en la lista de los "Los más Buscados", porque fue detenido en un operativo policial hace tres meses, en Quito. Su inmobiliaria, Grupo 10 Estrellas, habría captado casi $1 millón de supuestas ventas de casas y autos que nunca se concretó. Cerca de 130 afectados denunciaron en la Fiscalía que las casas vendidas tenían hasta cinco dueños. Actualmente, un acuerdo reparatorio permitirá que Diez, ciudadano español, salga de la cárcel y cancele sus deudas. (SO) Otros casos Ermel Cabrera es otro hábil estafador, según la lista de "Los más Buscados" en Azuay. En total, tiene 20 procesos penales por estafa, uno por robo y otro por cohecho. La policía asegura que Cabrera entrega cheques robados para sustraer mercadería y que se hace pasar por oficial del Ejército. Boris López tiene cinco boletas de detención vigentes en donde consta que sus víctimas son mujeres. Se hace pasar por vendedor de seguros exequiales y médicos para conseguir dinero.

Fuente: hoy