La Fiscalía critica resolución a favor del Grupo 10



Decenas de personas perjudicadas por la inmobiliaria Grupo 10 se acercaron ayer a la Fiscalía del cantón Rumiñahui para expresar su preocupación por una resolución judicial emitida en la mañana.
La jueza (e) del Juzgado Decimonoveno de lo Penal de Rumiñahui, Germania Tapia, sostuvo que no encontraba cargos en contra de los acusados por supuesta estafa, en una de las más de 120 denuncias presentadas contra seis representantes de la firma de bienes raíces. Tapia tampoco dictó medidas sustitutivas a la prisión, lo cual desembocó en una discusión en el tribunal. El fiscal a cargo del caso, Carlos Borja, calificó como una ‘falta grave’ las decisiones tomadas por la Jueza. Él sostuvo que “el perjuicio que el Grupo 10 ha causado a cientos de personas hace que se califique (a los procesados) como individuos de alta peligrosidad y se los debe mantener detenidos”. Este incidente causó un roce entre el Fiscal y la Jueza, al término de la audiencia de formulación de cargos. 
Una de las perjudicadas, que prefirió no dar su nombre, pidió justicia. Según Borja, “es preocupante que las personas acusadas al final de la audiencia aplaudan por la resolución tomada y se acerquen a felicitar a Tapia, ya que eso demuestra un vínculo”. Geovanny Ordóñez, uno de los abogados de los acreedores, afirmó que si se deja libre a los acusados “el caso se tornaría complejo de resolver, sobre todo porque se debe recuperar el dinero”. 
En la Fiscalía, Danilo, quien entregó USD 5 000 a la inmobiliaria para adquirir una vivienda valorada en USD 49 000, estaba molesto e incrédulo. “Cómo esto puede ser favorable para ellos”. La tarde de ayer, Borja recibió la notificación del movimiento de su cargo a otra dependencia. Esa noticia incrementó inquietud entre los perjudicados.

fuente: el comercio

AVISO

 
CONVOCATORIA URGENTE PARA EL DÍA LUNES 2 DE ABRIL DE 2012 A LAS 9 AM
 
A TODOS LOS COMPAÑEROS Y FAMILIAS DE LOS AFECTADOS Y ESTAFADOS POR GRUPO 10 SE LES PIDE QUE PARA ESTE DÍA NECESITAMOS REUNIRNOS Y HACER PRESIÓN EN EL JUZGADO DE SANGOLQUÍ EDIFICIO TINARA AV ABDON CALDERON PARA HACER PRESIÓN A LA JUEZA QUE POR LO VISTO ESTÁ ABSOLVIENDO DE LOS CARGOS A ESTOS ESTAFADORES Y ESTOS DÍAS SON CLAVES ESPECIALMENTE ESTE EN EL QUE PUEDEN SALIR LIBRES, YA QUE SE REALIZA LA SEGUNDA FORMULACIÓN DE CARGOS MUY IMPORTANTE
NECESITAMOS EL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS CON TODAS LAS FUERZAS PARA LUCHAR Y HACERNOS NOTAR POR ESTA JUEZA QUE NO NOS DEJAREMOS VENCER MUY FACILMENTE
 
¡¡LA LUCHA CONTINUA!!

¡¡¡¡URGENTE!!!!
 
JUEVES 29 DE MARZO DE 2012
 
MAÑANA VIERNES 30 DE MARZO A LAS 9 AM REUNIÓN URGENTE EN LA FISCALÍA PROVINCIAL DEL ESTADO FRENTE A LA PJ EN QUITO CALLE ROCA POR EL MOTIVO DE QUE QUIEREN DESTITUIR DEL CASO AL FISCAL DR CARLOS BORJA POR MOTIVOS QUE NOSOTROS DESCONOCEMOS Y NOS AFECTA DIRECTAMENTE A NOSOTROS LOS PERJUDICADOS POR LOS DIRECTIVOS DE GRUPO 10, YA QUE EL FISCAL BORJA ES LA PERSONA QUE DESDE UN PRINCIPIO ESTA LLEVANDO NUESTRO CASO Y GRACIAS A EL PUDIMOS LOGRAR LA DETENCIÓN DE ESTA GENTE Y NOS HA ESTADO AYUDANDO HASTA EL DÍA DE HOY
MAÑANA NECESITAMOS ESTAR PRESENTES TODOS LOS AFECTADOS YA QUE DE ESTA MANERA PEDIREMOS A LAS AUTORIDADES SUPERIORES QUE LE DEJEN EN SU PUESTO PARA PODER CONTINUAR CON NUESTRA LUCHA, NECESITAMOS LA PRESENCIA DE TODOS


URGENTE
 
COMPAÑEROS POR LO VISTO HEMOS SIDO ENGAÑADOS EL DÍA DE AYER SE IBA A REALIZAR LA FORMULACIÓN DE CARGOS Y LA JUEZA DE SANGOLQUÍ SUSPENDIÓ LA AUDIENCIA, POSTERGANDO PARA EL DÍA LUNES Y CUAL ES NUESTRA SORPRESA QUE A LAS 10 AM SE HA PRESENTADO TODA ESTA GENTE EN LA FISCALÍA DE SANGOLQUÍ CON EL GRUPO DE COMPLICES QUE LES APOYAN, INCLUSIVE QUERIENDO AGREDIRLES A LOS FISCALES QUE ESTÁN DEFENDIENDO NUESTRA CAUSA POR PEDIDO DE LOS MISMOS FISCALES HOY JUEVES 29 A LAS 14:00H EN LA FISCALÍA DE SANGOLQUÍ SE REQUIERE LA PRESENCIA DE TODOS NOSOTROS PARA EVITAR QUE LES DEN LA LIBERTAD A ESTOS DELINCUENTES Y QUEDAR NOSOTROS EN EL AIRE SIN NUESTRO DINERO.
SI HOY NO HACEMOS PRESIÓN Y ESTAMOS TODOS UNIDOS POSIBLEMENTE SE TERMINE TODO A FAVOR DE ELLOS
POR FAVOR REQUERIMOS DE LA PRESENCIA Y UNIDAD DE TODOS
 
URGENTE
 
 

 

AVISO URGENTE

EL DÍA DE MAÑANA MIÉRCOLES 28 DE MARZO A LAS 8 DE LA MAÑANA SE LLEVARÁ A CABO UNA NUEVA FORMULACIÓN DE CARGOS CON LOS IMPLICADOS DE GRUPO 10 EN LOS JUZGADOS DE SANGOLQUÍ EN LA AVDA ABDON CALDERON, EDIFICIO TINARA Y ES POSIBLE QUE SALGAN LIBRES POR LO QUE SE REQUIERE LA PRESENCIA DEL MAYOR NÚMERO DE GENTE POSIBLE PARA HACER LA PRESIÓN NECESARIA AL JUEZ PARA QUE ESTA GENTE NO SALGA EN LIBERTAD Y PODER SEGUIR LUCHANDO POR LA DEVOLUCIÓN DE NUESTRO DINERO
 
ES NECESARIO QUE ACUDA EL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS POSIBLES PARA PRESIONAR A LAS AUTORIDADES, PASEN LA VOZ PARA ESTAR TODOS UNIDOS MAÑANA

MÁS JUICIOS CONTRA INMODIEZ Y PATRICIA NATO

Presenta tu denuncia en la fiscalía si has sido perjudicado por este grupo, no te dejes convencer de lo contrario, si no lo haces podrías perder tu dinero acude a la fiscalía con todas las pruebas que tengas es obligación de la fiscalía recibir tu denuncia. No dejes en la impunidad este caso, exige que te devuelvan tu dinero





Policía investiga un lavado de doble vía en caso Inmodiez

Pese a que existen denuncias por estafa contra Inmodiez desde hace ocho meses, solo desde septiembre del 2011 la Unidad de Lavado de Activos (ULA) fue alertada por la Interpol (Policía Internacional) de que los principales de esta inmobiliaria: Patricia Nato Cruz y Julio Diez Merino, eran investigados en España por supuesta estafa a 300 personas, por 3 millones de euros (unos $ 4 millones).

Según la información que posee la ULA, estas personas habrían realizado estafas en las Islas Canarias (España) usando la compraventa de inmuebles y por ello las autoridades españolas pedían un seguimiento.

Desde el 2 de marzo pasado, fecha en la que se ordenó la congelación de cuentas de los seis detenidos en Sangolquí, agentes de la ULA realizan el análisis a las dos cuentas bancarias (Banco Pichincha y de Guayaquil) que poseía el Grupo Inmobiliario Diez Estrellas, cuyo presidente sería Diez Merino y su esposa Patricia Nato sería la gerenta.

También se verifica el estado de la empresa en el sistema financiero y comercial del país.

Un agente de la ULA, que pidió la reserva de su nombre por temor a represalias, explica que la prioridad del análisis es saber si existe un delito de lavado de activos de doble vía; es decir, conocer si se ingresó al sistema local el dinero que habría sido obtenido de la supuesta estafa en España y si en vía contraria el dinero captado en el Ecuador, mediante la posible estafa inmobiliaria de Inmodiez, salió del país hacia el extranjero.

“Se están analizando los computadores, los documentos y un gran número de letras de cambio firmadas en blanco. Existe la presunción de que hay mucho dinero ingresado en el área de la construcción. Eso se confirmará con el análisis”, apuntó el investigador de la ULA.

Las diligencias en este caso continúan para saber si existen personas que prestaron sus nombres para encubrir el ilícito. Además, se espera la entrega de información por parte de las instancias públicas (Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas Internas, entre otros) para definir cuál es el movimiento financiero de Inmodiez y también de sus propietarios Nato y Diez Merino.

Por otro lado, existen indicios de que la estafa también radicaría en sobrevalorar los bienes para pedir cuotas de reserva altas; bajar el costo de evaluación de los terrenos, casas y autos que eran recibidos como forma de enganche; y la obligación que tenía un cliente de firmar una letra en blanco para garantizar el trámite del crédito.

Desde el jueves 1 de marzo decenas de denunciantes que dicen haber sido afectados por la estafa visitan con sus recibos de depósito en el banco y contratos firmados la Fiscalía de Pichincha para exigir que se castigue a los culpables y devuelvan los dineros entregados.

fuente: el universo

Del sueño de tener casa al temor de poder perderlo todo





Silvina, Irene, Humberto, Darwin, Graciela, Roberto son algunos de los nombres que figuran en un cuaderno de más de 15 hojas con una lista de cerca de 300 personas que denunciaron haber sido perjudicadas por la Inmobiliaria Grupo Diez Estrellas (Inmodiez). Ninguno se conocía entre sí, pero todos estaban unidos por el mismo sueño: conseguir una casa propia que les dé comodidad.

Eran las 16:50 del martes 6 de marzo pasado, en la Plaza Grande, centro de Quito, cuando se habían reunido poco más de 40 personas que dicen haber sido estafadas por Inmodiez. La idea era pedir cita con el presidente Rafael Correa para contarle el “calvario que viven”.

En medio del tumulto, una mujer alta, de contextura gruesa, con una cara de curiosidad, trata de escuchar lo que un hombre canoso explica sobre la situación legal de los afectados. Su rostro revela que no ha dormido bien y un temblor en su mano izquierda –en la que lleva una cartera llena de documentos– evidencia la ansiedad por saber qué mismo pasa.

Ella dice llamarse Silvina Jaime, de 41 años, y cuenta que desde el pasado 2 de marzo todo se transformó en llanto y preocupaciones al saber que podía perder $ 35 mil, los cuales invirtió para adquirir un terreno en Conocoto, en el sureste.

Silvina frota sus manos y frunce el ceño cuando recuerda con dolor el origen de ese dinero entregado a Inmodiez. “Mi hijo murió hace poco en un accidente de tránsito en Calacalí (norte de Quito). El seguro me entregó $ 40 mil. La mitad era para la educación de su hermano menor y la otra para conseguir una casa cómoda para su padre que sufre de epilepsia”.

En medio del sonido de pitos y tubos de escape de buses, Silvina escucha un grito que pide que los afectados se acerquen a dar sus datos. Ella corre con pesadez y hace fila. En ese sitio, mientras estira su cuello para escuchar lo que informa la mujer que está adelante suyo, relata que el 12 de enero pasado, justo a dos meses de haberse registrado la muerte de su hijo, depositó el efectivo en una cuenta del Banco Pichincha a nombre de Inmodiez; y solo tres días antes de que la Policía allanara el local principal del grupo inmobiliario, en el sector de Sangolquí (40 minutos al sureste de Quito), estuvo a punto de entregar $ 6 mil más.

“Esa gente me embaucó al ofrecerme que iban a gestionar un crédito hipotecario de hasta 15 años. Con los $ 35 mil cubría el 60% de la deuda que llegaba a los $ 69.900. Ellos me dijeron que el trámite estaba en seis bancos, pero ahora sé que no se movió nada”, dice Silvina.

Irene Cabezas, otra de las afectadas, confirma la versión. Ella dice que al principio les decían que la casa o el terreno que se negociaba sería entregado en tres meses, pero los vendedores poco a poco le daban largas al asunto. “Yo pasé buen tiempo exigiendo que me den respuesta a los $ 10 mil que entregué para un terreno en Mushuñan (Sangolquí), pero esta gente me daba evasivas. Ahí me recordaron que si me retiraba del negocio yo había firmado un contrato en el que se estipulaba que el castigo por eso era la no devolución del enganche”, narra.

Entre los afectados, los casos que se comentaban eran distintos y entre ellos se escandalizaban de lo que escuchaban. Unos hablaban de depósitos de $ 30 mil y $ 50 mil, días antes de que se cerrara para investigaciones a Inmodiez, otros –en cambio– conversan de que desde hace seis meses no les devuelven ni su dinero ni les dan la casa; por último hay quienes entregaron escrituras de su propiedad para que la inmobiliaria la venda y no veían ni el dinero ni los documentos de su bien.

Dentro de la investigación fiscal se busca definir el delito de estafa masiva. En la delegación del cantón Rumiñahui del Ministerio Público no se entregan muchos detalles, porque está en etapa de indagación previa.

Datos preliminares revelan que Inmodiez es una empresa que tiene una constitución legal, pero que los procedimientos usados para las negociaciones están plagados de irregularidades. Entre ellas estaría hacerse cargo de la compra y venta de bienes con cláusulas abusivas que imponían sanciones económicas a los negociantes y no a la empresa mediadora.

Aparentemente, la inmobiliaria recibía bienes para ser vendidos bajo una comisión de cerca del 5% y esta a su vez los promocionaba. Cuando había interesados, Inmodiez ponía en marcha todo su aparataje para conseguir que el cliente escoja una casa o un terreno, para luego llegar a lo más importante del negocio: la entrega del dinero para separar el inmueble.

La cuota de reserva podía variar de acuerdo al costo final del bien. Hay casos que la gente entregó desde $ 500 a $ 20 mil y hasta $ 50 mil, dinero que podía perderse si se retiraba del negocio. Hay denuncias de que los vendedores de Inmodiez, una vez confirmado que hubo el depósito de reserva, empezaban a dar largas al cliente y a buscar que se retire la gente. “Ellos jamás entregaron un dinero dado. La táctica era cansar al cliente para quedarse con el dinero vía penalización”, dice un perjudicado que protege su nombre.

Desde la Fiscalía se sostiene que lo fundamental en esta estafa era que Inmodiez no permitía que entren en contacto el comprador y el propietario. De esta forma, cuenta un agente, la inmobiliaria pudo negociar un terreno, una casa o un departamento hasta tres y cuatro veces sin que el dueño conozca y sin que el comprador se entere.

“Hoy en día la gente se está enterando que dos y tres personas dieron el dinero de reserva por el mismo bien. Incluso hay quienes recibieron grandes cantidades dinero y les ofrecieron tramitar un crédito bancario a sabiendas de que por su avanzada edad o situación legal era imposible que les den préstamo hipotecario”, manifiesta un agente de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía.

Aparentemente abogados de los detenidos: Julio Diez Merino, Miguel Eduardo Pérez Acuña, Mónica Daniela Nato Cruz, Patricia Fernanda Nato Cruz, Diego Iván Patiño Molina y Ana Beatriz Rosero ofrecen devolver el dinero a cambio de que se retiren las denuncias. No existe una propuesta en firme, pero se sabe que poseen $ 300 mil, 14 autos e inversiones en constructoras y proyectos habitacionales. Poseerían $ 1 millón, pero la Fiscalía indica que la deuda es de $ 2 millones.

Silvina al igual que Irene quieren que les devuelvan en efectivo su dinero y que castiguen a quienes se aprovecharon de su sueño de una vivienda propia para engañarlos. Así cada tarde vuelven a casa a tratar de explicar lo sucedido. Podrán descansar y recobrar su anhelo cuando les devuelvan todo.

“Desde hace una semana mi trabajo es gritar y protestar para que me devuelvan lo mío. La primera pregunta que me hace mi hijo es si tendremos casa. Le contesto que pronto, que espere un poquito”, dice Silvina antes de marcharse de la Plaza.

Cifra: Sobre el caso
400
Dólares era el capital con el que Inmodiez comenzó sus actividades en el Ecuador, lo hizo en el 2010. La empresa asumía el título de mandatario de los bienes entregados en las negociaciones, pero no definía quién comparecía representando legalmente a la compañía, indican los denunciantes y los agentes que están realizando la investigación en Sangolquí.

fuente: el universo

AVISO

MIERCOLES 14 DE MARZO DEL 2012 

IMPORTANTE COMPAÑEROS....!  EL DIA DE HOY ES EL ULTIMO DIA DE LAS DECLARACIONES DE LOS DIRECTIVOS DETENIDOS DE GRUPO 10, EL DIA DE AYER REQUERIMOS DE MAS GENTE YA QUE POR LO VISTO ESTA GENTE YA TIENE UN GRUPO QUE LOS APOYA Y AYER FUERON MAS Y  DE SEGURO SON COMPLICES DE ESTOS ENGAÑADORES, SE LES ESTA UBICANDO Y DETECTANDO A CADA UNO DE ESTOS QUE CONFORMAN ESTE GRUPO PARA INICIARLES EL PROCESO PENAL IGUALMENTE POR QUE POR LO VISTO NO SE DAN CUENTA QUE APOYAN A UN GRUPO QUE PERJUDICO SE BURLO, ENGAÑO Y ESTAFO A GENTE INOCENTE Y TRABAJADORA Y A BASE DESUFRIMIENTO DE NOSOTROS ESTOS TAMBIEN SE ESTABAN BENEFICIANDO,... NECESITAMOS DE TU APOYO,  YA QUE ES TU PATRIMONIO EL QUE ESTA EN JUEGO TU APOYO ES IMPORTANTE PARA EJERCER PRESION ANTE LAS AUTORIDADES...VEN CON TU FAMILIA Y AMIGOS, NECESITAMOS DE TU UNION...NO NOS DEJES LUCHAR SOLOS PARA UNA CAUSA QUE ES DE TODOS

COMUNICADO URGENTE

AVISO

MAÑANA DÍA 13 DE MARZO LOS DETENIDOS JULIO DIEZ, PATRICIA NATO Y DIEGO PATIÑO RENDIRÁN SU DECLARACIÓN EN LA FISCALÍA DE SANGOLQUÍ A LAS 14:30
POR FAVOR, ACUDIR EL MAYOR NÚMERO DE AFECTADOS POSIBLES PARA DE ESTA MANERA PODER EJERCER PRESIÓN SOBRE LAS AUTORIDADES Y QUE SE PUEDA HACER JUSTICIA.
 
¡¡ES MUY IMPORTANTE ESTAR UNIDOS Y HACER ACTO DE PRESENCIA MAÑANA!!

Estafas inmobiliarias dejan amargo sabor a impunidad

“Grupo 10 Estrellas”, “Quick Inmobiliaria” e “inmobiliaria Bella María” son investigadas

 

Decenas de personas perjudicadas por compañías que ofrecían cumplir el sueño de tener casa propia reclaman la devolución de su dinero.

 

A un cuarto prestado, de 30 metros de diámetro, se redujo el sueño de Graciela Morales por tener casa propia. Trata de contener las lágrimas y se sienta en la cama para observar, con impotencia, a su alrededor: la cocina, el televisor, un juego de comedor, el clóset y un velador -sobre el cual se levanta la balanza de la justicia- están colocados uno junto al otro debido a la estrechez.

Ella es una de las 200 personas perjudicadas por la inmobiliaria “Grupo 10 Estrellas”, cuyo fraude se conoció el 29 de febrero pasado y en el cual se estima que las pérdidas bordean los 3 millones de dólares.
Una y otra vez, Graciela revisa los documentos, como para demostrarse a sí misma que tenía “todo en regla”. Toma de la carpeta el acta de reserva del inmueble, seis recibos de depósito que suman 22 mil dólares y un acta de compra y venta de su casa nueva, ubicada en el barrio El Beaterio, al sur de Quito, que sería entregada en agosto de  2011. Pero no fue así.
Su odisea empezó en junio del año pasado cuando vio en la prensa un aviso de la inmobiliaria ofertando  viviendas que se ajustaban a su presupuesto y eligió una de 73 mil dólares, con tres departamentos y todos los servicios, como siempre había soñado.

Pero no fue sino tras entregar el dinero que supo que la casa tenía dos impedimentos de venta: por Patrimonio Familiar y por obras en el Distrito, obstáculos que la inmobiliaria se comprometió a resolver, pero los días transcurrían y cada vez había un nuevo pretexto para demorar la entrega.
En septiembre pasado, la inmobiliaria le pidió completar la suma de 45 mil dólares para concretar la venta y en un acto desesperado, la mujer de 45 años decidió vender un terreno en el sector de Quitumbe (sur de Quito), cuyo costo comercial bordeaba los 20 mil dólares.
La misma inmobiliaria halló un comprador y el inmueble fue vendido en 19 mil dólares, de los cuales, Graciela apenas recibió 14 mil porque la compañía adujo gastos por comisión y gestión administrativa. 
Pese a ello, empezó a tramitar el crédito hipotecario con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) para cubrir el costo total de la vivienda, un procedimiento que la inmobiliaria también le ofreció realizar, pero ante la demora decidió visitar a la dueña de la vivienda para hallar una respuesta: “A mí no me han entregado ni un centavo. Y si usted no tiene toda la plata en efectivo no le vendo la casa”. Ese fue el anuncio de que las cosas acabarían mal.
Inmediatamente acudió a la inmobiliaria para exigir una explicación, pero el trato ya era diferente:  “Señora, si usted viene molesta no la vamos a recibir”, le dijeron varias veces y luego se rehusaban a atenderla. Entonces exigió la devolución de su dinero y empezaron las amenazas: “Si usted se retracta y desiste del negocio, pierde todo”. 

Frente a esto, pidió la asesoría de un abogado que la alertó sobre la posible estafa y le recomendó concretar rápido el negocio porque esa compañía “podría quebrar”, y no se equivocó. Ella se enteró de la noticia por televisión. “No estoy derrotada, solo defraudada”, asegura, mientras toma su maleta y se despide de su hija. Ahora solo espera que las autoridades investiguen, pero sabe que la posibilidad de recuperar su dinero es mínima.
Igual pensamiento tienen ahora algunos perjudicados que hace un año decidieron presentar una demanda en contra de Patricia Fernanda Nato Cruz, quien es la copropietaria de la inmobiliaria “Grupo 10 Estrellas”.
Según la página del Consejo de la Judicatura (CJ), los esposos Javier Mauricio Acurio y Giomara Elizabeth Lozada Ortega presentaron dos denuncias por una supuesta estafa inmobiliaria. Una el 24 de mayo del 2011, ante el Juzgado Décimo de lo Civil de Pichincha, basados en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Se hizo el requerimiento de la imputada, sin embargo no se presentó y el proceso no concluye.

Nato es declarada en rebeldía 

La otra demanda  pasó a manos del Juzgado Cuarto de Contravenciones, liderado por la  jueza Gladis  Alicia Angos Villarreal, quien dispuso que se notifique a la acusada en su domicilio por tres ocasiones y en ninguna acudió, por lo que fue juzgada y declarada en rebeldía. A ella se le ordenó devolver los 5 mil dólares a los demandantes, un pago que hasta ahora no se ha concretado.
Según la denuncia, la inmobiliaria incumplió con  el contrato de reserva de una propiedad ubicada en el sector Colibrí, pues el inmueble nunca fue entregado tras concluir la fase de reserva.
Otra denuncia la presentó Jonny Garay, el 23 de septiembre del 2011, en la cual se involucra a Julio Diez, propietario de la compañía y hoy detenido para investigaciones.
Según consta en el proceso, los demandados suscribieron un contrato de reserva de un inmueble hipotecado, por 7 mil dólares, sin la autorización de los propietarios de la vivienda.
En similares circunstancias han sido timadas  decenas de personas que depositaron su confianza en otras   inmobiliarias. Según estadísticas de la Fiscalía General del Estado, las denuncias de estafa y otras defraudaciones llegaron a 1.416 el año pasado.
Un caso más es el de Verónica Cabezas, quien desde hace ocho meses  trata de recuperar los 4 mil dólares que entregó a “Quick Inmobiliaria” para comprar un terreno en Cashapamba, en el Valle de los Chillos.
El anuncio lo vio en la prensa y se puso en contacto con la “Inmobiliaria El Valle”, en la que la recibió Doris Yánez Rodríguez que se identificó como la intermediaria.  
Como el terreno costaba 32 mil dólares, Verónica debía entregar mil dólares para reservarlo y en un mes cancelar 3 mil dólares más para cubrir la cuota inicial.
Luego fijaron la fecha para la firma de las escrituras. El día de la cita, Yánez le informó que la propietaria del terreno estaba fuera del país y que el trámite se postergaría, pero horas más tarde la misma dueña  del inmueble la llamó para confirmar que la esperaba y tras una breve conversación le informó que no había recibido ni un centavo de la inmobiliaria.
Desde ese día, Yánez se cambió de domicilio y solo la vio en una ocasión  cuando la mujer se presentó en el trabajo de Verónica para entregarle un cheque posfechado de 2 mil dólares que nunca se hizo efectivo.
La última vez que supo de ella fue en noviembre, cuando le indicó que viajaría a Estados Unidos para recuperar el dinero. 
En la Fiscalía de Pichincha reposan siete denuncias en contra de Yánez, desde 2004, por delitos como abuso de confianza, estafa, anticipación de arrendamiento y terminación de contratos, pero no se ha presentado a ninguna de las citaciones. En el compromiso de compra y venta, la firma de Yánez no coincide con la de su cédula de identidad, en la que se señala que es corredora de Bolsa y que está casada con Gustavo Hernández Naranjo, contra quien también pesan dos denuncias por mora y dos de inquilinato. 
Verónica presentó la denuncia en la Fiscalía de Pichincha y en la  Defensoría del Pueblo, inclusive notificó  a las autoridades de la Embajada americana sobre la situación legal de Yánez, pero hasta ahora no ha logrado recuperar su dinero.

 

 

Reunión viernes 9 de marzo

Se convoca a todos los afectados mañana viernes 9 de marzo a las 8:00 am a la reunión que se llevará cabo en las gradas del parque del Consejo Provincial para tratar varios asuntos acerca de las acciones realizadas el día de hoy.
 
Necesitamos la presencia del mayor número de afectados posibles para la toma de decisiones importantes.
IMPORTANTE  

Se convoca el día miércoles 14 de marzo de 2012 a las 15:30H a todos los afectados por Grupo 10 a la Fiscalía de Sangolquí, pues en esa fecha rendirán declaraciones los detenidos y necesitamos la asistencia del mayor número de gente posible para igualmente hacer presión a las autoridades para que  no se de el caso de que les concedan la libertad bajo fianza y poner en peligro la recuperación de nuestro dinero.
AVISO JUEVES 8

Se convoca a todos los compañeros que estamos unidos en esta lucha el dia jueves 8 de marzo del 2012 a las 8 y 30 am reunión en la Fiscalía de Sangolqui ubicado a 2 cuadras del municipio de Sangolqui, con el Dr.Carlos Borja el fiscal que  esta encargado de este caso y la persona que esta haciendo justicia a favor de los que estamos afectados por estos sinvergüenzas
 
 
Se comunica a las personas que fueron perjudicadas en la oficina de Quito en la dirección de la 6 de Diciembre y Whimper o cualquiera de las sucursales de Grupo 10  se esta realizando las denuncias en contra  de Marco Vinicio Naranjo Yasig director de oficina y hermano de una de las detenidas Ana Beatriz Rosero Yasig, ya que esta fue la persona que se encargaba de recibir y presionar para que se realizaran los depósitos, transferencias o entrega de cantidades de dinero en efectivo y estaba al tanto de todos las acciones ilícitas que se llevaba a cabo en Grupo 10, tanto en el Valle de los Chillos como en la oficina de Quito.
Todos los directivos implicados en este fraude tienen que pagar por el sufrimiento de tantas personas que con tanto esfuerzo han reunido el dinero y han entregado a estos sinvergüenzas
 
Ésta persona está pretendiendo disociar a todas las personas que estamos unidos a la causa de lucha para recuperar nuestros patrimonios y de nuestras familias, con malos comentarios sin fundamentos que lo único que pretenden es desviar la atención del verdadero problema que estamos viviendo......POR FAVOR NO CAIGAMOS EN ESTE JUEGO SUCIO DE ESTOS INDESEABLES ...!

Aviso

MIERCOLES 7 DE MARZO DE 2012

Se comunica a todos los compañeros que estamos en la lucha contra los supuestos estafadores de Grupo 10 que hoy a las 8:30 hay una concentración en el Palacio de Gobierno, por favor acudir el mayor número de personas posibles con pancartas y toda su familia también para hacernos oir y notar en nuestro caso
 
Por favor asistir con la mayor gente posible, necesitamos estar unidos hoy más que nunca

fuente: afectados 

En investigación un supuesto lavado de dinero en el presunto fraude inmobiliario del Grupo 10




El fraude inmobiliario, en el que 200 personas, aproximadamente, han sido perjudicadas, aún se mantiene como una estafa masiva, indica Gustavo Iturralde, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).  En la Superintendencia de Compañías, el Grupo 10 Estrellas constaba con una empresa legal.
La compañía funcionaba, en el país, desde hace un año y cuatro meses. Sus operaciones se realizaban en Quito, Cumbayá y Sangolquí. El modus operandi era vender una misma casa a varias personas.
La UAF espera que el Banco Pichincha les entregue un Reporte de las Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) para determinar la tipificación del caso. “A partir de esa información vamos a hacer el análisis para determinar la existencia de un posible delito de lavado de activos”. Esta información será entregada a la Fiscalía para que sea parte del expediente de la indagación previa, que han iniciado.
El funcionario expresó, además, que según un análisis de las cuentas de los detenidos, no hay un ingreso fuerte por parte de ellos al sistema bancario. Tampoco aparece una salida de dinero al exterior. El grupo también tenía vínculos con el Banco Wachovia, en EE.UU.
“Tengo la sospecha de que es un contrabando físico de dinero; es decir una entrada y salida clandestina de capital”. Esta duda se sostiene en que el volumen de dinero que el grupo estaba manejando y la cantidad de dinero con que han estafado, “debería estar en el Sistema Bancario, pero no está hasta este momento”. Pero esto lo definiría el documento que emita la entidad bancaria.
Al comprobarse, adicionalmente al delito de estafa se sumaría el delito de lavado de dinero. Este caso, indica el director de la UAF, se deriva del caso Marbella de España. Las cabezas del grupo eran el español Julio Díaz, Patricia Anato (esposa) y el contador era Víctor Páez. El representante tiene antecedentes en España.
Por otra parte, Iturralde indica que la Superintendencia de Compañías se encuentra en un proceso de depuración de todas las compañías que están registras en la entidad. De esta forma se evita que haya empresas de pantalla que sirven para lavar dinero.
Además sostiene que” el Banco Pichincha maneja el 70% de las operaciones bancarias del Ecuador. Por esta razón es más proclive para ser utilizado para cualquier actividad ilegal”, por lo que se le ha pedido a la entidad financiera que use dos políticas: la primera es "Conozca a su cliente", que consiste en no abir cuentas a cualquiera, y "Debida Diligencia", en la que se debe tener cuidado al analizar cada caso.

fuente: andes.info

Grupo 10 habría captado $2 millones

Denuncia de estafa Unas 200 familias han sido perjudicadas en una supuesta estafa cometida por una inmobiliaria por valores individuales de entre $5 000 y $190 mil, en un perjuicio total que alcanzaría $2 millones.

Un grupo de delegados de los perjudicados presentó ayer ese cuadro al fiscal Galo Chiriboga junto a un documento con firmas de respaldo, cinco días después del operativo de allanamiento de las oficinas del Grupo 10 o Inmobiliaria Inmodiez Estrellas Cia. Ltda. en Sangolquí, en el cual fueron detenidas seis personas, entre ellas, el ciudadano español Julio Diez, supuesto dueño.

Fausto Valle, director de Investigaciones, informó sobre las acciones emprendidas en el caso, en particular el operativo conjunto con la Policía Judicial, la detención de los seis posibles responsables y la incautación de seis vehículos, equipos informáticos y $10 mil en efectivo.

La Fiscalía ha determinado que los procesados captaban dineros de los interesados en reservar y adquirir inmuebles, para lo cual firmaban contratos con adelantos por un mínimo de $5 000 sin posibilidad de reclamar la devolución de no concretarse la negociación.

Mariana Velásquez contó que, en su caso, entregó $50 mil por la compra de una vivienda de $90 mil, pero sospecha que el inmueble se vendió también a otra persona. Hay testimonios que señalan que uno de los inmuebles fue vendido hasta cinco veces.

Por todo ello, la Fiscalía ha pedido varias medidas cautelares para los imputados, como prohibición de salida del país y congelamiento de las cuentas. (LB)

Fuente: hoy

“La Fiscalía nos tiene que ayudar”

Al tratarse de un delito de prisión, los supuestos estafadores podrían salir libres bajo fianza.

 

Varias historias de desesperación e indignación continúan saliendo a la luz en torno a la supuesta estafa millonaria de la inmobiliaria Grupo 10 estrellas. Graciela Morales es una de las tantas afectadas. Con su oficio de maestra en Sucumbíos, cada fin de semana venía hasta la capital para realizar los trámites de lo que aparentemente sería un sueño hecho realidad.
Ella se enteró del Grupo 10 estrellas mediante un clasificado de prensa y fue entonces cuando comenzó el trámite para obtener una casa en el sector de Guamaní. Unos cuantos ahorros, el dinero de un terreno, una platita de su hijo y hasta un préstamo con el chulco fueron algunas de las cosas que a esta inocente mujer le tocó hacer para conseguir los más de veinte mil dólares para cancelar parte del costo del inmueble.
La semana pasada, lo que hasta ese momento parecía el negocio perfecto, llegó a su fin. Graciela se enteró por un canal de televisión que la inmobiliaria a la que le había entregado su esperanza y por supuesto su dinero resultó ser una estafa.
“Ahora no sé quién me va a devolver mi plata y tengo deudas que pagar, la Fiscalía nos tiene que ayudar”, expresó la perjudicada mientras intentaba contener el llanto.
Casi con la misma ira e incertidumbre más de sesenta personas llegaron ayer hasta las oficinas de la Fiscalía General del Estado para solicitar firmeza y rapidez en esta investigación. Alejandro Fuentes, asistente del Fiscal General, fue el encargado de atenderlos.
El funcionario escuchó varias de las peticiones de las personas, entre estas que se investigue también a las entidades bancarias y a la Superintendencia de Bancos, pues estas también deberían verificar las operaciones que las empresas realizan.
Fianza


Darwin Trujillo, abogado de algunas de las víctimas, explicó que por la astucia de los implicados se teme que al tratarse de un delito de prisión, ellos opten por cancelar una fianza y salir libres. Es por esto que solicitó que la Fiscalía se mantenga al tanto de este caso que ha causado conmoción social.
Frente a la petición, los asistentes de Chiriboga explicaron que será el juez que lleva la causa el encargado de decidir. “Lo correcto tendría que ser que el juez fije una fianza que si estas personas salen del país  tengan recursos para devolver a las personas”, dijo Alejandro Fuentes.


Amenazas

“Carlos”, también víctima de la supuesta estafa, explicó que un día después de que la Policía apresara a los sospechosos recibió una llamada telefónica anónima. Según él, era la voz de un sujeto que con insultos y amenazas le advirtió que dejara la denuncia de lado y desistiera del proceso legal. “Es importante que esto se sepa, pues mi vida corre peligro”, dijo el hombre. Manifestó que entre los afectados no es el único que ha recibido este tipo de llamadas. Sin embargo, nada podrá parar su petición de justicia y sobre todo de que se les devuelva su dinero.

fuente: extra

 

Acusado de estafa masiva podría acceder a fianza

Los representantes de al menos 200 perjudicados por la empresa “Grupo 10 Estrellas” pidieron ayer a la Fiscalía General del Estado velar para que los implicados en este caso no recuperen la libertad

 

 

Los perjudicados por la estafa masiva -atribuida  a la empresa inmobiliaria “Grupo 10 Estrellas”-  llegaron ayer  hasta la Fiscalía General del Estado  para exponer su preocupación  en relación al proceso judicial que se sigue  en este caso. 
Eran cerca de las 08:00 cuando  realizaron la entrega  formal de una carta firmada por  los afectados frente a la posibilidad de que el juez imponga  una  fianza para que el dueño de la empresa, Julio Diez, quede en libertad. 
Alejandro Fuentes, asesor legal de la Fiscalía, indicó que al ser la estafa un delito de prisión y no reclusión mayor, dentro de las leyes  hay  la posibilidad de una fianza.
Sin embargo, mencionó que por ser un delito de acción pública y haber causado conmoción en la sociedad, la Fiscalía estará pendiente para  tratar de evitar que cualquier resolución   pueda provocar la fuga del país del principal implicado.
Humberto Zapata, uno de  los afectados,  mostró su indignación al contar que   antes de entregar los  10.000 dólares para  reservar una casa, decidió investigar si la inmobiliaria presentaba alguna irregularidad.
Primero  se acercó a la Superintendencia de Compañías para asegurarse de la legalidad de la empresa. Ahí, según Zapata, le dijeron que la inmobiliaria tenía todos los papeles en regla y  no había ninguna anomalía.  Para eliminar cualquier  duda,  se acercó a la agencia del  Banco   Pichincha, entidad bancaria  en la que  todos  debían  realizar sus depósitos, y ahí le reiteraron  que todo estaba en orden con el  “Grupo 10 Estrellas”.
Fuentes indicó que  si una empresa tiene los papeles en regla, es difícil     que haya un posible daño o estafa a las personas.
“Se manejan estándares y garantías de funcionamiento, pero la Superintendencia  de Compañías no hace investigaciones a nivel internacional de empresas o empresarios. Sin una demanda o queja presentada es difícil darse cuenta”, dijo.
Otra de las quejas provino de Edwin Porras, quien pidió se investigue y sancione a un fiscal del cantón Rumiñahui.
Dijo que ese funcionario  se habría  negado a dar trámite a las denuncias  de estafa, presentadas hace ocho meses por varias personas.  “Si ese fiscal  hubiera actuado bajo ley, no estuviéramos tantos afectados aquí”,  indicó Porras.
Otras personas también hicieron públicos los nombres de empleados de la inmobiliaria,   según algunos perjudicados, que eran quienes   ejercían presión  sobre los interesados en las viviendas    para que hagan los depósitos   rápidos.
De esa manera pidieron  que   Shirley  Díaz, del Departamento Financiero, y Marco Naranjo, captador de dinero, sean vinculados al proceso.
Fabián Castillo, secretario de la directiva de afectados, manifestó  que los 200 perjudicados depositaron su confianza en una  compañía, que les mintió. “Muchos vendimos nuestros   bienes con el afán de comprar una propiedad, ahora necesitamos  sentirnos amparados en nuestro Gobierno”, resaltó.
Raúl Garcés, también asesor de la Fiscalía, indicó que después de la audiencia de formulación de cargos   sigue la indagación previa, que es de 90 días, en la cual se deberá recopilar   la información necesaria: evidencias,  testimonios de empleados y perjudicados.
Posteriormente se procederá   a  la instrucción fiscal para así  determinar el grado de responsabilidad de   los involucrados.
Representantes de la Fiscalía  explicaron que ante un mal negocio o hecho de estafa particular,  el Estado debe propiciar posibles soluciones. Sin embargo,   no puede asumir directamente la compensación económica de los afectados.

fuente: telegrafo

 

AVISO

Se convoca el día martes 6 de marzo de urgencia a las 8:00 AM a la Audiencia en la Presidencia de la República y a las 11AM en el Banco Central del Ecuador para dirigirse al despacho del abogado que representara a los afectados en el caso, es preciso y urgente presionar a las autoridades para que no dejen libre a los directivos de Grupo 10, que se encuentran detenidos y luchar para la devolución de nuestro dinero.
 
Necesitamos la unidad de todos.

Diario El Comercio omite nombre de auspiciante en nota de estafa inmobiliaria


Quito (Pichincha).- La Inmobiliaria Grupo 10 Estrellas fue denunciada por varios ciudadanos aduciendo que fueron estafados al intentar comprar una vivienda. El domingo pasado la empresa, en un solo día, pautó 115 anuncios en diario El Comercio, quien a su vez realizó dos reportajes sobre el tema pero sin mencionar a la inmobiliaria, según reseña un artículo de diario El Telégrafo publicado este lunes.

En la Policía Judicial de Pichincha, durante la audiencia de formulación de cargos efectuada el viernes anterior en contra de los seis detenidos, varios de los perjudicados mostraban los anuncios del periódico en donde se promocionaba la inmobiliaria que operaba como un intermediario entre los propietarios de los inmuebles y los futuros compradores, quienes podían entregar dinero en efectivo o terrenos como parte de pago.
Desde el viernes las oficinas de la inmobiliaria permanecen cerradas. “Intentamos comunicarnos para pedir una explicación, pero ya nadie responde”, indicó Roberto Salazar, quien entregó $20 mil de entrada para una vivienda en Cumbayá.
Antes de que la estafa salga a la luz, la compañía vendía casas y departamentos usados o hipotecados, terrenos y proyectos inmobiliarios. En todos los casos se pedía una entrada mínima de $5 mil y se ofrecía gestionar el financiamiento con alguna entidad financiera. El Grupo 10 operaba en Pichincha, Tungurahua y Esmeraldas.
Por esta razón, ayer se reunieron en la Plaza República alrededor de 100 perjudicados para definir las medidas jurídicas que adoptarán para recuperar su dinero. Las estafas oscilan entre los $5 mil y $100 mil.
Hasta el momento, el fiscal del cantón Rumiñahui, Carlos Borja, estima que el perjuicio asciende a los $500 mil, pero los afectados aseguran que podría llegar a los $3 millones porque varias personas entregaron más de $50 mil para reservar un inmueble. / Prensa Presidencial

fuente: el ciudadano

Una inmobiliaria es investigada por posibles vínculos con lavado

 Viernes 02/03/2012



Los agentes vestían trajes de camuflaje gris, chalecos antibalas y cascos. Golpearon con una pesa la puerta de una oficina en el valle de Los Chillos cuando se escuchó el llanto de una mujer. Un ejecutivo abrió la puerta y pidió que no destrozaran el lugar. En minutos, una decena de agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y la Fiscalía irrumpieron en la casa. Afuera, un grupo de clientes gritaba “Fuimos estafados”. Se referían a la inmobiliaria (comercializadora de viviendas), allanada ayer en una investigación de la Unidad de Lavado de Activos (ULA) policial. El operativo se realizó a las 09:00 de ayer en Sangolquí. Los agentes de la ULA informaron a este Diario que la empresa era investigada desde septiembre del 2011. “Se reportaron denuncias de personas que afirmaron ser perjudicadas en la Fiscalía de Rumiñahui y Quito. Por eso decidimos intervenir hoy”, reseñó uno de los agentes, en el operativo. El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), en su último Informe de evaluación mutua sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Ecuador, advirtió que los agentes inmobiliarios son vulnerables al lavado de dinero porque no existe un monitoreo apropiado en el país. Ese documento, fechado el 15 de diciembre, al cual este Diario tuvo acceso, cuestiona la falta de controles de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). El Gafisud precisa: “Las actividades y profesiones no financieras designadas (agentes inmobiliarios, venta, comercialización de piedras preciosas, etc. ), con excepción de los casinos, no forman parte del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”. El reporte del Gafisud muestra que, hasta mayo del 2011, 11 115 agentes inmobiliariosfueron registrados a escala nacional. No obstante, “el sistema de prevención (de lavado) se debilita porque un bajo porcentaje de las entidades ejecuta los sistemas de prevención que exige la UAF”. Las investigaciones de la Policía Nacional determinaron que la promotora inmobiliaria supuestamente se dedicaba a comercializar las viviendas a varias personas. “El dinero (de las ventas) era depositado en una cuenta bancaria a nombre de la compañía”, informó la Unidad de Lavado. Al final del operativo, el propietario de la empresa inmobiliaria, el español Julio D., y cinco ejecutivos más fueron detenidos para las investigaciones. En la ULA se informó que el sospechoso también era investigado en las Islas canarias (España) por el mismo delito. Los uniformados citaron las notas de prensa de ese país europeo. En la página web del diario Canarias 7 se informó el 12 de octubre del 2010 que “dos años después de se destapara la mayor estafa inmobiliaria de la historia de Canarias, los afectados no han recuperado un sólo euro de un fraude que ascendió a 3 millones”. Ese diario añade que el perjuicio fue cometido a 300 personas en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Tras la detención de los inculpados, las personas que afirmaron ser perjudicadas por la inmobiliaria solo esperan que les devuelvan el dinero que entregaron para la adquisición de una vivienda. “Los afectados son de Pichincha, pero tenemos conocimiento que abrieron una oficina en Ambato, la cual no cuajó. el número de afectados ascendería a más de 500 en el país”, señaló un agente. La ULA descarta que el dinero que habría gastado la inmobiliaria en el país provenga del narcotráfico. No obstante, indaga si se cometió el delito de lavado de dinero. “Eso depende de varios factores. Si logramos detectar que la inmobiliaria trajo dinero de España para gastarlo en Ecuador luego de las denuncias que se registraron allá, estaríamos hablando de que se cometió el delito de lavado de activo”, dijo uno de los policías. La Policía informó que los aprehendidos tienen prohibición de salir del Ecuador y sus cuentas bancarias fueron congeladas. El operativo La incursión comenzó a las 09:00 de ayer en Sangolquí. En esta intervinieron agentes de la Unidad de Lavado de Activos (ULA), Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y la Fiscalía. La Policía Nacional también informó que el operativo se efectuó también en otras dos oficinas de la inmobiliaria: en Cumbayá y en el norte de Quito. El propietario de la empresa, Julio D., fue abordado por las autoridades cerca de las 11:00. Los agentes conversaron los ejecutivos mientras los empleados se encontraban en los patios de la sede de la empresa. La ULA informó que la audiencia de formulación de cargos se realizará hoy.
Fuente: el comercio
Viernes 02/03/2012 Los agentes vestían trajes de camuflaje gris, chalecos antibalas y cascos. Golpearon con una pesa la puerta de una oficina en el valle de Los Chillos cuando se escuchó el llanto de una mujer. Un ejecutivo abrió la puerta y pidió que no destrozaran el lugar. En minutos, una decena de agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y la Fiscalía irrumpieron en la casa. Afuera, un grupo de clientes gritaba “Fuimos estafados”. Se referían a la inmobiliaria (comercializadora de viviendas), allanada ayer en una investigación de la Unidad de Lavado de Activos (ULA) policial. El operativo se realizó a las 09:00 de ayer en Sangolquí. Los agentes de la ULA informaron a este Diario que la empresa era investigada desde septiembre del 2011. “Se reportaron denuncias de personas que afirmaron ser perjudicadas en la Fiscalía de Rumiñahui y Quito. Por eso decidimos intervenir hoy”, reseñó uno de los agentes, en el operativo. El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), en su último Informe de evaluación mutua sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Ecuador, advirtió que los agentes inmobiliarios son vulnerables al lavado de dinero porque no existe un monitoreo apropiado en el país. Ese documento, fechado el 15 de diciembre, al cual este Diario tuvo acceso, cuestiona la falta de controles de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). El Gafisud precisa: “Las actividades y profesiones no financieras designadas (agentes inmobiliarios, venta, comercialización de piedras preciosas, etc. ), con excepción de los casinos, no forman parte del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”. El reporte del Gafisud muestra que, hasta mayo del 2011, 11 115 agentes inmobiliariosfueron registrados a escala nacional. No obstante, “el sistema de prevención (de lavado) se debilita porque un bajo porcentaje de las entidades ejecuta los sistemas de prevención que exige la UAF”. Las investigaciones de la Policía Nacional determinaron que la promotora inmobiliaria supuestamente se dedicaba a comercializar las viviendas a varias personas. “El dinero (de las ventas) era depositado en una cuenta bancaria a nombre de la compañía”, informó la Unidad de Lavado. Al final del operativo, el propietario de la empresa inmobiliaria, el español Julio D., y cinco ejecutivos más fueron detenidos para las investigaciones. En la ULA se informó que el sospechoso también era investigado en las Islas canarias (España) por el mismo delito. Los uniformados citaron las notas de prensa de ese país europeo. En la página web del diario Canarias 7 se informó el 12 de octubre del 2010 que “dos años después de se destapara la mayor estafa inmobiliaria de la historia de Canarias, los afectados no han recuperado un sólo euro de un fraude que ascendió a 3 millones”. Ese diario añade que el perjuicio fue cometido a 300 personas en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Tras la detención de los inculpados, las personas que afirmaron ser perjudicadas por la inmobiliaria solo esperan que les devuelvan el dinero que entregaron para la adquisición de una vivienda. “Los afectados son de Pichincha, pero tenemos conocimiento que abrieron una oficina en Ambato, la cual no cuajó. el número de afectados ascendería a más de 500 en el país”, señaló un agente. La ULA descarta que el dinero que habría gastado la inmobiliaria en el país provenga del narcotráfico. No obstante, indaga si se cometió el delito de lavado de dinero. “Eso depende de varios factores. Si logramos detectar que la inmobiliaria trajo dinero de España para gastarlo en Ecuador luego de las denuncias que se registraron allá, estaríamos hablando de que se cometió el delito de lavado de activo”, dijo uno de los policías. La Policía informó que los aprehendidos tienen prohibición de salir del Ecuador y sus cuentas bancarias fueron congeladas. El operativo La incursión comenzó a las 09:00 de ayer en Sangolquí. En esta intervinieron agentes de la Unidad de Lavado de Activos (ULA), Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y la Fiscalía. La Policía Nacional también informó que el operativo se efectuó también en otras dos oficinas de la inmobiliaria: en Cumbayá y en el norte de Quito. El propietario de la empresa, Julio D., fue abordado por las autoridades cerca de las 11:00. Los agentes conversaron los ejecutivos mientras los empleados se encontraban en los patios de la sede de la empresa. La ULA informó que la audiencia de formulación de cargos se realizará hoy.

Reunión en la defensoría del pueblo


Reunión en la defensoría del pueblo












Reunión que se dio para presentar la correspondiente denuncia al defensor en la tarde los afectados acudirán a la presidencia para presentar el caso al presidente.

Si eres afectado únete que el delito no quede impune

Fernanda _C Afectada

Estimados amigos. Vi en las noticias lo que sucedio con el grupo 10 y la verdad fue como un balde de agua fria. Lei su blogspot y me encuetro realmente preocupada. Mi novio se enamoro de una casa q financiaban este grupo en el valle de sangolqui en la urbanizacion san antonio del valle. Hace exactamente un mes el hizo la transferencia de los 5000 doares para separarla como era el requerimiento de esta inmobiliaria y ahora me encuentro con esta noticia. Quisiera q ustedes puedan darme informacion y saber como y donde poner la denuncia para que ese dinero sea devuellto y cual seria el proceso. Tengo entendido que ustedes han formado un grupo de perjudicados yno se como actuar ante esta situacion. Les agradezco su ayuda yu si pueden ayudarme con algun telefono de contacto lo mas pronto, porq mañana pensaria poner la denuncia. Gracias,
Fernanda Cueva

mail: fernanda7_7@hotmail.com

Lista de juicios contra representantes de grupo 10 estrellas


Gracias al aporte de mas perjudicados aquí una lista de los juicios en los que se encuentran implicados los gerentes del grupo 10

Únanse para que se sancione a los implicados en esta estafa

Lista de juicios contra representantes de grupo 10 estrellas

No. Causa: 2011-13698 Judicatura: Accion/Delito: PRACTICAS PROHIBIDAS
Actor/Ofendido: GARAY ALVAREZ JOHNNY WILSON
Demandado/Imputado: DIEZ MERINO JULIO  y NATO CRUZ PATRICIA

No. Causa: 2012-0562 Judicatura: JUZGADO NOVENO DE GARANTIAS PENALES Accion/Delito: LA ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONES CONVERTIDAS A ACCIÓN PRIVADA
Actor/Ofendido: FISCALIA
LUGO FREIRE LIDIA MARGARITA
Demandado/Imputado: NATO CRUZ PATRICIA FERNANDA

No. Causa: 2011-0659 Judicatura: JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL Accion/Delito: REQUERIMIENTO Y/O NOTIFICACION
Actor/Ofendido: LOZADA ORTEGA GIOMARA ELIZABETH
NUÑEZ ACURIO MAURICIO JAVIER
Demandado/Imputado: COMPAÑIA INMODIEZ ESTRELLAS CIA LTDA- NATO CRUZ PATRICIA FERNANDA- REPRESENTANTE

No. Causa: 2011-15096 Judicatura: Accion/Delito: PRACTICAS PROHIBIDAS
Actor/Ofendido: LOZADA ORTEGA GIOMARA ELIZABETH
NUÑEZ ACURIO MAURICIO JAVIER
Demandado/Imputado: NATO CRUZ PATRICIA FERNANDA

El dinero de la estafa de Lifer sigue sin aparecer (cuidado y pasa lo mismo)

 
12/10/2010

Dos años han pasado desde que se destapara el mayor fraude inmobiliario de la historia de Canarias protagonizado por Lifer y ninguno de los 300 afectados ha recuperado un sólo euro de los 3 millones a los que ascendió la estafa. Las sentencias favorables a los afectados no han servido de mucho porque el dinero de Lifer sigue sin aparecer.

Dos años después de que se destapara la mayor estafa inmobiliaria de la historia de Canarias los afectados no han recuperado un sólo euro de un fraude que ascendió a 3 millones de euros. Asimismo, hasta ahora ninguno de los directivos o administradores de la empresa Lifer, que estafó a 300 canarios en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, ha ido a parar a la cárcel a pesar de que en los juicios celebrados hasta la fecha por la vía civil han sido favorables a los afectados, según señalan fuentes jurídicas.

Estas fuentes indican que en  los juicios celebrados por la vía civil y en los que hubo sentencia condenatoria contra la administradora de la inmobiliaria Lifer, Patricia Fernanda Nato Cruz, la acusada «no fue a la cárcel porque  no tenía antecedentes penales».  «Habrá que esperar a los procedimientos que se están tramitando por la vía penal para que los culpables vayan a prisión», señalan estas fuentes.

Hasta la fecha, Nato Cruz es la única persona contra la que se han emprendido acciones penales porque es el único nombre que figura «en los papeles de los afectados» como administradora de la inmobiliaria. El propietario de Lifer, Julio César Díez Merino, más conocido como don Pedro, ha quedado al margen de todo «pese a ser el artífice del entramado», según apuntan los afectados.

Procesos abiertos. Actualmente son «innumerables» los procedimientos que se encuentran en los juzgados de Las Palmas, unos en fase de instrucción y otros pendientes de apertura de juicio oral. Y es que los afectados de Lifer optaron por distintas vías para reclamar unas cantidades que oscilaron entre los 3.000 y hasta los 51.000 euros y que entregaron a Lifer en concepto de contrato de arras y como forma de reservar los pisos que iban a comprar.

fuente: canarias7

Familias dieron hasta $100 mil a Grupo 10


Familias dieron hasta $100 mil a Grupo 10



Estafa inmobiliaria Hasta el momento, unas 300 personas habrían sido estafadas por la inmobiliaria Grupo 10. Las familias habrían entregado sumas entre $5 000 y $100 mil para conseguir el sueño de una vivienda propia. Sin embargo, el monto del perjuicio no se ha determinado aún. Según un exempleado de la empresa, sobrepasarían los $3 millones. Mientras, a las fiscalías siguen llegando cientos de denuncias tras el operativo policial que se realizó el pasado jueves y que logró la detención de 10 personas, entre estas, Julio Diez Merino, dueño de la empresa y ciudadano español. Diez y otras cinco personas guardan prisión por 90 días, mientras siguen las investigaciones. Ayer por la mañana, decenas de las familias perjudicadas se reunieron frente del Consejo Provincial de Pichincha. En la cita acordaron conformar una comitiva para la defensa de sus intereses. A las 08:00 de mañana, las familias engañadas se reunirán en la Fiscalía del Estado y un grupo mantendrá a las 09:00 una reunión con el fiscal general, Galo Chiriboga. La forma de operar de Grupo 10 consistía en captar un interesado por una casa, a quien se pedía un anticipo. Se hacía un contrato, pero el bien nunca llegaba. (SO)

Fuente: hoy

La publicidad del Grupo 10 Estrellas estaba por doquier

La publicidad del Grupo 10 Estrellas estaba por doquier 

 

Solo en un día la compañía pautó 115 anuncios en diario El Comercio. Ahora los perjudicados exigen la devolución del dinero que entregaron como “enganche” para reservar un inmueble.

 

Alrededor de 100 perjudicados por la inmobiliaria Grupo 10 Estrellas se reunieron ayer en la Plaza República para definir las medidas jurídicamente a adoptar para recuperar su dinero. Las estafas oscilan entre los 5.000 y 100 mil dólares.
Hasta el momento, el fiscal del cantón Rumiñahui, Carlos Borja, estima que el perjuicio asciende a los 500 mil dólares, pero los afectados aseguran que podría llegar a los 3 millones de dólares porque varias personas   entregaron más de 50 mil dólares para reservar un inmueble.
La primera resolución fue conformar una directiva que represente a todos los perjudicados. El abogado que llevará la causa es Darwin Trujillo, quien también presidirá la comisión porque fue perjudicado con 30 mil dólares. Y se autoconvocaron para acudir mañana a la Fiscalía de Pichincha para exigir justicia.
Cada uno vive un drama diferente. Graciela Morales le vendió a la inmobiliaria un terreno en el sector de Quitumbe (sur de Quito), hace ocho meses, en 15 mil dólares. En febrero pasado la mujer se endeudó con 10 mil dólares y   completó 20 mil, monto que entregó a la misma compañía para la entrada de una vivienda terminada con el ofrecimiento de que en menos de un mes tendría su casa propia. El viernes se enteró de la gran estafa por los noticieros: “Perdí todo el trabajo de mi vida. Ya no me queda nada”, cuenta la mujer, mientras intenta contener las lágrimas.
Empleados de la inmobiliaria también fueron estafados
Hace tres meses Jorge Cajas se unió al Grupo 10 Estrellas como avaluador de inmuebles y tiempo después se interesó en uno de ellos. La compañía le pidió 20 mil dólares de enganche y se comprometió a ayudarle a tramitar un crédito para financiar el resto.
El 13 de febrero realizó el depósito a una cuenta particular en el Banco del Pichincha. Cuando Cajas exigió un recibo de la transacción, el director financiero de la inmobiliaria, Miguel Pérez, se negó a entregárselo y empezaron las sospechas.
La estafa se confirmó cuando el propietario del inmueble le informó a Cajas que no recibió ni un  centavo de la compañía. Fue ahí cuando notificaron a las autoridades, quienes dispusieron el allanamiento de las oficinas de la entidad  en Sangolquí, el jueves pasado, y se detuvo a Julio Diez Merino, propietario; Patricia Nato, conviviente y copropietaria; Daniela Nato, gerente; Miguel Pérez, financiero; Diego Patiño, contador; y Ana Rosero, captadora de dinero.
Solo ahí se conoció que en el cantón Rumiñahui ya existían 63 denuncias en contra de la inmobiliaria y tras conocerse la noticia más perjudicados se acercaron a la Fiscalía de Pichincha.
“Cuando vi el allanamiento por televisión sentí como un baldazo de agua fría”, relata Rafael M., mientras sostiene en su mano izquierda la carpeta del Grupo 10 Estrellas en donde conserva el Acta de Compromiso de Compra y Venta del departamento  que había “reservado” en el barrio La Magdalena. 
Un familiar le prestó 5.000 dólares para la entrada, en noviembre del 2011, y los 23.000 dólares restantes los financiaría con el Banco del IESS, que la semana pasada le notificó que el crédito estaba aprobado. “Fui con mi familia a conocer el departamento. Estábamos tan ilusionados y hasta nos distribuimos los dormitorios. Ahora cómo le digo a mi esposa y a mi hija que no tendremos casa nueva”, se lamenta. El lunes irá al banco para pedir que se suspenda el préstamo.
La compañía se valió de un “bombardeo” publicitario
Vehículos empapelados con el logotipo del Grupo 10 Estrellas circulaban por toda la ciudad, edificios y casas con propaganda en las ventanas y decenas de anuncios en la prensa fueron el mejor anzuelo.
La inmobiliaria operaba como un intermediario entre los propietarios de los inmuebles y los futuros compradores, quienes podían entregar dinero en efectivo o terrenos como parte de pago, según consta en uno de los 115 anuncios que la compañía pautó solo el domingo pasado en diario El Comercio.
En la Policía Judicial de Pichincha, durante la audiencia de formulación de cargos efectuada el viernes anterior en contra de los seis detenidos, varios de los perjudicados mostraban los anuncios del periódico en donde se promocionaba la inmobiliaria. Pero en los dos reportajes publicados por el rotativo capitalino sobre la estafa, ninguna  menciona al Grupo 10 Estrellas.
Las oficinas de la inmobiliaria permanecen cerradas desde el viernes. “Intentamos comunicarnos para pedir una explicación, pero ya nadie responde”, indicó Roberto Salazar, quien entregó 20 mil dólares de entrada para una vivienda en Cumbayá.
Antes de que la estafa salga a la luz, la compañía vendía casas y departamentos usados o hipotecados, terrenos y proyectos inmobiliarios. En todos los casos se pedía una entrada mínima de 5.000 dólares y se ofrecía gestionar el financiamiento con alguna entidad financiera. El Grupo 10 operaba en Pichincha, Tungurahua y Esmeraldas.

 fuente: telegrafo